La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ha solicitado a la Municipalidad de Lima que explique, mediante documentos oficiales, por qué los trenes donados por la empresa estadounidense Caltrain, valorizados en 4.9 millones de dólares según la carta de donación, fueron registrados por un valor de 822 millones de soles. La diferencia fue detectada tras una sesión del Concejo Metropolitano en abril, que aprobó ese monto como valor oficial de la donación.

Según la documentación de Caltrain, el lote de 90 vagones donados corresponde a unidades retiradas de circulación tras la conversión del sistema ferroviario de diésel a eléctrico en Estados Unidos. La empresa consignó en su carta que el valor del material rodante se basó en criterios contables propios y no comerciales. Esta versión contrasta con la valorización aprobada por las autoridades limeñas, que equivale a cerca de 118 millones de dólares, una cifra casi 24 veces mayor.

El programa Panorama accedió a la carta original, que no había sido difundida públicamente, y confirmó que el valor declarado por Caltrain no coincide con el que figura en los registros municipales. La revelación encendió las alertas en Sunat, que ahora busca determinar si esta diferencia implica responsabilidades tributarias o administrativas para la comuna.

Desde la Municipalidad de Lima se ha señalado que el monto aprobado no refleja un valor de mercado, sino una cifra técnica utilizada para fines de aseguramiento. Según fuentes del área legal, los 822 millones de soles representarían el valor de reposición de los trenes en caso de pérdida o daño, aunque no se ha especificado qué entidad realizó dicha valorización ni cuál fue el criterio técnico aplicado.

Sunat ha solicitado formalmente a la comuna que remita toda la documentación que sustente el valor registrado, ya que las donaciones del extranjero deben cumplir con normas específicas de control aduanero. De no justificarse la diferencia, el caso podría escalar a una investigación por presunta sobrevaloración de bienes o falseamiento de información, lo que pondría en entredicho la transparencia del proceso seguido por la administración edil.