La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) enfrenta una nueva etapa tras la renuncia de su presidente, David Hernández, cuya salida fue formalizada mediante resolución publicada en el diario oficial El Peruano. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció que su reemplazo será Jaime Romero Bonilla, exfuncionario del Gobierno Regional del Callao.

Durante su breve paso por la presidencia de ATU, Hernández recibió diversas críticas desde el Congreso y otras instancias del sector por la falta de avances concretos en proyectos claves de transporte. Incluso se promovieron iniciativas legislativas que proponían desactivar la entidad para devolver las competencias de transporte a las municipalidades de Lima y Callao. Aun así, hubo voces que defendieron su continuidad, señalando que ATU ha tenido cuatro presidentes en cinco años y que la inestabilidad institucional podría afectar la ejecución de obras.

El nuevo presidente, Jaime Romero Bonilla, ya tiene experiencia en la administración pública. En junio de 2019 fue designado gerente general del Gobierno Regional del Callao durante la gestión de Dante Mandriotti. No obstante, su nombramiento no está libre de controversias: en 2023 la Fiscalía Anticorrupción del Callao solicitó una condena de casi seis años de prisión por colusión agravada, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos por más de cuatro años.

Romero Bonilla asume ahora el liderazgo de una institución clave en medio de cuestionamientos a su antecesor y con la expectativa de destrabar proyectos fundamentales como la integración del transporte urbano y la ampliación de corredores complementarios. Su designación se produce en un contexto en que el gobierno busca mostrar resultados concretos en materia de transporte, una de las áreas más sensibles para la ciudadanía.

La decisión del Ejecutivo confirma así un nuevo giro en la gestión del transporte urbano de la capital, en una entidad cuya estabilidad ha sido constantemente interrumpida por cambios de liderazgo y conflictos políticos. La designación de Romero Bonilla representa una apuesta que deberá enfrentar tanto las exigencias técnicas del sector como el escrutinio judicial y ciudadano.