El Gobierno aprobó modificaciones al Reglamento del Código de Ejecución Penal para adaptarlo a la nueva ley que amplía la responsabilidad penal a adolescentes de 16 y 17 años. El Decreto Supremo N.º 022-2025-JUS, publicado en el Diario Oficial El Peruano, establece que los menores en ese rango de edad podrán ser procesados como adultos dentro del sistema penal peruano.

La reforma implica cambios a múltiples artículos del reglamento vigente y autoriza su tratamiento dentro de establecimientos penitenciarios para adultos.

Pese a su incorporación al sistema penal adulto, el decreto señala que los adolescentes continuarán bajo el principio del interés superior del adolescente. Esto supone aplicar un régimen penitenciario con enfoque en derechos, manteniendo un tratamiento especializado. Para ello, el nuevo artículo 5-A introduce el principio de flexibilización, que permite asignar a los internos adolescentes el régimen penitenciario que mejor se adecúe a sus características personales y no necesariamente el esquema progresivo aplicable a mayores de edad.

La norma incorpora también un sistema de individualización científica del tratamiento penitenciario. Los adolescentes de 16 años y menores de 21 serán evaluados según edad, condición social y desarrollo psicológico para determinar su ubicación y el tipo de medidas que se adoptarán durante su internamiento. La intención, según el decreto, es equilibrar la responsabilidad penal con medidas diferenciadas que atiendan su etapa de desarrollo.

Los cambios aprobados exigen que las Juntas Técnicas de Clasificación y los Órganos Técnicos de Tratamiento incluyan psicólogos especializados en adolescentes. Asimismo, los establecimientos penitenciarios deberán adecuar espacios diferenciados para internos de 16 y 17 años, evitando su mezcla con adultos sin criterios técnicos.

Finalmente, el INPE deberá reportar mensualmente a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables información sobre los adolescentes ingresados al sistema penitenciario. Este seguimiento institucional busca garantizar que la nueva medida se implemente respetando los estándares de protección para menores involucrados en procesos penales.