En medio del foro empresarial CADE Ejecutivos 2025, Fernando Rospigliosi Capurro, primer vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso, sostuvo que la lucha contra la inseguridad exige “limpiar” el sistema judicial peruano. Desde el Centro de Convenciones de Lima, afirmó que el país enfrenta un aparato judicial que, según su diagnóstico, actúa contra policías y militares mientras favorece la liberación de delincuentes y terroristas, lo que demanda respuestas de carácter urgente.

Rospigliosi señaló que la inseguridad ciudadana ha superado la capacidad institucional del Estado y que las soluciones habituales ya no sirven. Por ello planteó que tanto el Poder Judicial como la Fiscalía deben ser reformados antes de cualquier otra medida, junto con el fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú y del sistema penitenciario. Para el congresista, solo una reestructuración de fondo permitirá recuperar el control del orden público y frenar el avance del crimen organizado.

Al referirse al sistema judicial, pidió iniciar un proceso para reemplazar a un porcentaje de magistrados y establecer un nuevo esquema de rendición de cuentas. Afirmó que, mientras persista la impunidad y no haya cambios estructurales, será imposible derrotar a la delincuencia. También cuestionó el funcionamiento de fiscalías especializadas, argumentando que se enfocan en investigar a policías y militares en lugar de perseguir a quienes cometen delitos.

Rospigliosi agregó que la Policía requiere una política anticorrupción interna, mejores filtros de ingreso, capacitación especializada e infraestructura adecuada. Asimismo, sostuvo que el fenómeno migratorio ha agravado la crisis de seguridad y citó estimaciones policiales sobre el ingreso de ciudadanos extranjeros vinculados a delitos violentos, lo que, a su juicio, habría sido permitido por decisiones gubernamentales negligentes.

Finalmente, advirtió que la situación penitenciaria es insostenible, mencionando el caso del penal del Callao, diseñado para 500 internos y con más de 3,500 reclusos. Propuso declarar estados de excepción, realizar operativos masivos y disponer prisiones provisionales mientras se amplía la infraestructura carcelaria. Según su exposición, el país enfrenta un escenario que exige un liderazgo decidido y medidas radicales si se quiere replicar experiencias exitosas del pasado en la lucha contra el crimen.