La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe final que recomienda acusar al expresidente Martín Vizcarra Cornejo y a la exministra de Salud Pilar Mazzetti Soler por la presunta comisión del delito de concusión.

La decisión recibió 11 votos a favor, dos en contra y una abstención. La denuncia sostiene que ambas autoridades habrían aprovechado sus cargos para solicitar dosis de la vacuna candidata de Sinopharm para beneficio personal y de allegados.

Las denuncias acumuladas provienen de tres expedientes: la DC 086, presentada por el excongresista Yvan Quispe Apaza; la DC 195, impulsada por Manuel Merino De Lama, Leonardo Inga Sales y Luis Roel Alva cuando ejercían como parlamentarios; y la DC 365, formulada por la exfiscal de la Nación Patricia Benavides Vargas. Todas están orientadas a determinar responsabilidades por la presunta infracción del artículo 382 del Código Penal, referido al delito de concusión.

Según el informe presentado por el congresista delegado Jorge Montoya Manrique, Vizcarra habría abusado de su posición para obtener dosis experimentales de la vacuna a través del investigador principal del proyecto. De igual forma, se atribuye a Mazzetti haber solicitado vacunas mediante otro miembro del equipo científico, con la finalidad de obtenerlas para sí misma y para personas de su entorno.

El documento concluye que existen indicios suficientes y razonables que justificarían iniciar una acusación constitucional contra ambos exfuncionarios. La Subcomisión sostiene que las evidencias recopiladas permiten sustentar el avance del proceso hacia las siguientes etapas parlamentarias.

De acuerdo con el Reglamento del Congreso, la Comisión Permanente deberá designar a una Subcomisión Acusadora conformada por uno o más integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Este grupo será el encargado de sustentar el informe aprobado y presentar la acusación ante el pleno, donde se decidirá si procede o no la sanción correspondiente.