Por Santiago Carranza-Vélez, publicado en La Gaceta

Elaborado por el 'think tank' húngaro Centro de Derechos Fundamentales

Durante una década, en paralelo a los grandes titulares sobre crisis migratorias, elecciones convulsas y pactos comerciales rotos, una silenciosa transferencia de fondos fue moldeando parte del paisaje ideológico de Iberoamérica. No se trató de préstamos del FMI ni de proyectos de infraestructura china. Fue algo más discreto y, para muchos, más inquietante: 939 millones de euros procedentes de Bruselas, distribuidos entre más de 800 ONG con una marcada orientación ideológica de izquierda posmoderna.

Así lo documenta un informe recién publicado por el Centro de Derechos Fundamentales, un think tank con sede en Budapest y Madrid que ha dedicado más de un año a rastrear, verificar y analizar el destino de estos fondos. Bajo el título The Pink Tide of EU Aid: How Brussels Funds Woke Latin American NGOs Posing as Civil Society, el investigador Jorge González-Gallarza arroja luz sobre una arquitectura institucional que, bajo el lenguaje amable de «cooperación para el desarrollo», ha favorecido la expansión de agendas culturales, sociales y políticas con un claro sesgo progresista. Todo ello con dinero de los contribuyentes europeos.

El informe no se construye a partir de denuncias anónimas ni de interpretaciones ideológicas. Su base es empírica: son casi cuarenta páginas construidas exclusivamente a partir de registros públicos del sistema de transparencia financiera de la Comisión Europea. De acuerdo con esos datos, el 67% del dinero fue canalizado por la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo (DEVCO, hoy INTPA). El resto se distribuyó mediante otros brazos del entramado comunitario.

Lo llamativo no es solo la magnitud del desembolso, sino el tipo de iniciativas que se han financiado. Buena parte de las subvenciones fueron otorgadas directamente, sin concurso competitivo, a proyectos con descripciones deliberadamente genéricas: «fortalecimiento de la sociedad civil», «promoción de derechos humanos», «cooperación descentralizada». Pero detrás de esas fórmulas, los investigadores hallaron campañas por el aborto, la ideología de género en la infancia, el indigenismo radical, la legalización de drogas y toda una panoplia de conceptos nacidos en laboratorios políticos occidentales.

En Uruguay, por ejemplo, el informe recoge el financiamiento de una gira de conferencias de la activista Angela Davis, un juego de mesa para escolares llamado Trivia Diversa, y un informe sobre corporalidades trans en el sistema penitenciario. En Perú, más de seis millones de euros fueron destinados al Centro de Políticas y Derechos Humanos Perú Equidad, una ONG centrada en derechos sexuales infantiles y reivindicación trans en comunidades indígenas. Otra beneficiaria, PROMSEX, recibió fondos a pesar de los escándalos por presuntos abusos sexuales que salpicaron a su dirigencia. En Bolivia, se entregaron fondos a talleres de feminismo decolonial, activismo climático con enfoque de género y programas de empoderamiento trans. En Paraguay, plataformas digitales como Memétic Media y El Surti recibieron más de un millón de euros por su rol en campañas contra la «desinformación». En Colombia, medios afines al relato de las FARC como Verdad Abierta o Rutas del Conflicto fueron subvencionados bajo el paraguas de nuevas narrativas en derechos humanos.

El informe no se detiene en lo anecdótico. Reconstruye con minuciosidad las conexiones institucionales que hacen posible esta maquinaria. Describe, por ejemplo, cómo la red CONCORD Europe, considerada interlocutora principal entre la UE y el “sector ONG”, no sólo representa a entidades que solicitan fondos, sino que recibe dinero directamente de la Comisión, en una dinámica que el informe no duda en calificar como «relación incestuosa». Las estructuras que otorgan las ayudas, asegura el estudio, son muchas veces las mismas que evalúan los resultados. Y lo hacen sin control parlamentario efectivo. Las advertencias de la Corte de Cuentas Europea, recuerda el texto, llevan años sin ser atendidas.

Las consecuencias de este sistema no son menores. Lo que se presenta como promoción de la sociedad civil, ha tenido efectos políticos y culturales profundos. Se han desplazado organizaciones locales no alineadas ideológicamente, especialmente aquellas que defienden visiones tradicionales sobre familia, religión o educación. La hegemonía narrativa de los proyectos financiados impone marcos conceptuales ajenos a las realidades socioculturales de los países receptores. En palabras del informe, «la cooperación se ha convertido en un canal de ingeniería cultural«.

Y no se trata sólo de interpretación. En muchos casos, los vínculos entre las ONG financiadas por Bruselas y plataformas como el Foro de São Paulo o el Grupo de Puebla son explícitos. No se ocultan: se presentan como parte de una misión transformadora. El problema —subrayan los autores— no es sólo lo que estas organizaciones defienden, sino que lo hacen con dinero público extranjero, sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas ni consentimiento democrático local.

Ante este escenario, algunos países han comenzado a reaccionar. Paraguay, bajo el gobierno de Santiago Peña, aprobó una ley para establecer controles financieros sobre las ONG extranjeras. En Perú, el Congreso impulsó una reforma que permite sancionar a las organizaciones que litigan contra el Estado en tribunales internacionales sin declarar el origen de sus fondos. Estas medidas, aunque criticadas por organismos internacionales, son vistas por los autores como pasos necesarios hacia una mayor transparencia.

El informe no propone vetos ideológicos ni censura. Plantea, más bien, la necesidad de diferenciar entre ayuda al desarrollo y activismo político financiado desde el extranjero. Pide límites claros, auditorías independientes, mecanismos de rendición de cuentas y criterios de adjudicación que no premien a una sola corriente ideológica. Lo que está en juego, insisten, no es una batalla cultural, sino la legitimidad del sistema de cooperación internacional.

The Pink Tide of EU Aid es una radiografía técnica y documentada de una década de financiación política encubierta. El desafío que lanza a Bruselas no es menor: si la Unión Europea quiere presentarse como garante de valores democráticos y pluralismo, debe revisar con urgencia el modo en que utiliza sus recursos para intervenir simbólicamente en otras regiones. Porque al final, incluso las “buenas intenciones” necesitan reglas. Y la soberanía no debería diluirse bajo el pretexto de la solidaridad.