Por José Luis Guasch, exjefe del grupo de expertos globales en APP del Banco Mundial
Publicado en Gestión

Según ProInversión, entre el 2026 y el 2038 vencerán 38 concesiones de Asociaciones Público-Privadas (APP), con una inversión total de US$ 5,800 millones, lo que equivale a 1.4 veces la inversión pública del Gobierno nacional en el 2024. Estas concesiones representan una de cada tres vigentes actualmente.

A pesar de la cercanía de los vencimientos, los lineamientos actuales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no establecen criterios o mecanismos claros para renovar o volver a licitar de manera anticipada. Varias de estas concesiones son autosostenibles y poseen valores residuales sustanciales. El valor residual de una concesión se define como el monto estimado que se obtendría como pago al Estado si se licita nuevamente el proyecto por otros 30 años, y estos valores suman miles de millones de dólares.

Preocupa lo que parece ser la estrategia o postura del Gobierno respecto a qué hacer con las APP al término de sus contratos, especialmente con aquellas autosostenibles, como puertos, aeropuertos y carreteras de peaje, que en el Perú son numerosas. El tema se está abordando mediante adendas, que otorgan al concesionario actual una extensión casi automática de la concesión por 30 años más, con mínimos compromisos de pago y algunos compromisos de inversión, que no cubren el valor residual del proyecto.

Hay que tener mucho cuidado, ya que en estas extensiones no se menciona la posible pérdida del valor residual de la concesión para el Estado, que suele ser sustancial. Se comenta que el concesionario seguiría pagando al Estado la cuota vigente en el contrato actual, con algún ajuste, lo cual sería insuficiente y no apropiado. Esto implicaría ceder al concesionario un porcentaje significativo del valor residual del proyecto, pese a que ya habría recuperado su inversión y obtenido las utilidades previstas.

Cabe recordar que, según contrato, al término de la concesión el nivel y calidad del servicio deben mantenerse impecables. Ya habría una propuesta o acuerdo para extender la concesión del puerto de Matarani. Aunque la presidenta Dina Boluarte mencionó en su mensaje por Fiestas Patrias que la adenda ya está lista para firmarse este trimestre, no se han detallado los términos ni su justificación. Dado el alto valor en juego, se requiere mayor transparencia y explicación de los acuerdos alcanzados.

Existen alternativas más convenientes dentro del proceso llamado “reciclaje de activos APP”. Se debería comenzar estimando el valor residual de cada concesión mediante un modelo financiero a 30 años. A partir de ello, se puede: 1) negociar la extensión con el concesionario, exigiendo el pago de una parte sustancial de dicho valor e incluyendo compromisos de inversión; 2) convocar una nueva licitación competitiva al vencimiento; o 3) aplicar un modelo como el chileno, donde se calculan los valores residuales, se emiten bonos bullet por dichos montos, y se pagan en la fecha de adjudicación de la nueva concesión, usando un fideicomiso para financiar nuevos proyectos, reducir el impacto fiscal y cerrar la brecha de infraestructura.