El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) anunció una de las multas más altas de su historia al sancionar en primera instancia a 13 empresas farmacéuticas por coordinar ofertas y abstenciones en procesos de adquisición de medicamentos del Estado durante más de 14 años.

La Comisión de Defensa de la Libre Competencia impuso penalidades que superan los S/539 millones a las compañías involucradas, además de sancionar con más de S/1.4 millones a cinco ejecutivos por su participación directa en la colusión.

Las investigaciones revelaron que, entre diciembre de 2006 y febrero de 2020, laboratorios y distribuidoras acordaron estrategias para manipular licitaciones de fármacos esenciales destinados a hospitales públicos. La conducta incluyó coordinación de posturas, decisiones deliberadas de no participar y reparto de clientes, lo que permitió asegurar adjudicaciones a precios superiores a los que habrían resultado de una competencia real. El caso abarca medicamentos fundamentales como soluciones para administración de fármacos, antibióticos, antineoplásicos, inmunosupresores y tratamientos para la anemia.

Para sustentar las acusaciones, la autoridad llevó a cabo inspecciones entre 2021 y 2022 en las sedes de varias empresas del sector y recopiló registros físicos y digitales que mostraban patrones de coordinación ilícita. Además, con autorización judicial, se levantó el secreto de las comunicaciones de representantes de algunas firmas, lo que permitió recabar correos, archivos internos y registros de transacciones. La información reunida fue complementada con datos del OSCE, Essalud, CENARES y DIGEMID, que permitieron mapear la participación de cada laboratorio en subastas presenciales y electrónicas a lo largo de más de una década.

El expediente detalla 23 licitaciones afectadas por la concertación, en las que se identificaron comportamientos paralelos, abstenciones simultáneas y cientos de ofertas manipuladas. La resolución destaca que los involucrados llegaron a reunirse en espacios privados, negociar en clave y evitar el uso de correos electrónicos para no dejar rastros. Según Indecopi, estas prácticas generaron un perjuicio significativo al presupuesto público y afectaron la compra de insumos indispensables para la atención de pacientes en diversos establecimientos del sistema de salud.

Como parte de las medidas correctivas, la Comisión ordenó a las empresas sancionadas implementar programas de cumplimiento en libre competencia durante cinco años. La decisión puede ser apelada ante la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, que deberá determinar si confirma o modifica las sanciones. De quedar firme, solo será posible cuestionarla ante el Poder Judicial, cerrando un capítulo que expone una de las redes colusorias más amplias registradas en el mercado farmacéutico peruano.