El Poder Judicial emitió una orden de captura nacional e internacional contra la ex primera ministra Betssy Chávez y dictó cinco meses de prisión preventiva, tras considerarla un riesgo de fuga mientras enfrenta un proceso por el delito de rebelión —y, de manera alternativa, conspiración— en agravio del Estado.

La medida fue adoptada por el juez Juan Carlos Checkley, quien sostuvo que el peligro de frustrar el juicio oral es “palpable”, dado que la exfuncionaria permanece refugiada desde hace 18 días en la residencia de la embajada de México en Lima.

La Fiscalía Suprema Anticorrupción indicó que la resolución es un paso clave en el proceso iniciado en marzo de 2025, en el que Chávez enfrenta una posible pena de hasta 25 años de prisión por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, ocurrido en diciembre de 2022.

En paralelo, la prensa peruana informó que la representación diplomática mexicana ha reforzado su seguridad, mientras la ex primera ministra aguarda un salvoconducto para abandonar el país.

El caso ha reavivado la tensión bilateral entre Perú y México. El gobierno peruano rompió relaciones diplomáticas luego de considerar que el asilo otorgado a Chávez constituye una injerencia en asuntos internos. El Ejecutivo también anunció su intención de revisar las normas de asilo diplomático en la región, decisión que se suma al deterioro de vínculos iniciado tras la destitución de Castillo, cuando México otorgó protección a su esposa e hijos.

La orden de captura marca un nuevo capítulo en una disputa política y judicial que sigue abierta y con repercusiones internacionales.