La Fiscalía de la Nación abrió una investigación contra la suspendida fiscal suprema Delia Espinoza por el presunto delito de peculado de uso, a raíz de los plantones y vigilias organizados en la sede del Ministerio Público desde el 16 de junio, así como por el uso de vehículos institucionales tras su separación temporal del cargo.

Las diligencias fueron asumidas por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, que consideró que Espinoza habría utilizado recursos estatales con fines ajenos a sus funciones.

El caso se centra en la jornada en que personal del Ministerio Público fue convocado a un plantón y posteriormente a una vigilia en el piso 9 de la institución para rechazar la reposición de Patricia Benavides. Según la normativa interna, estas actividades no forman parte de las atribuciones de la entidad, por lo que movilizar trabajadores y emplear espacios institucionales para una acción de carácter político podría constituir uso indebido de bienes y recursos del Estado.

A ello se suma que, pese a estar suspendida, Espinoza continuó empleando vehículos oficiales, situación que motivó que el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas, dispusiera retirarlos de su disponibilidad.

Como parte de las pesquisas, el fiscal adjunto supremo Wilfredo Rivera Baltazar solicitó a la Junta Nacional de Justicia la remisión de todas las resoluciones y notificaciones relacionadas con el apartamiento temporal de Espinoza, a fin de determinar si la exfuncionaria tenía pleno conocimiento de su condición al momento de utilizar recursos estatales.

El pedido, según indicó, es urgente para continuar con la indagación que también alcanza a otros altos funcionarios, incluida la expresidenta Dina Boluarte, en procedimientos paralelos.