El General de la Policía Nacional del Perú Óscar Arriola aseveró que el dirigente sindical Pedro Huilca fue asesinado por la organización terrorista Sendero Luminoso, hecho ocurrido en diciembre de 1992.

Según Arriola, su aseveración está basada en documentación que contiene confesiones de los propios delincuentes terroristas: “el partido lo eliminó por revisionista, por confundir al pueblo dando un discurso revolucionario cuando servía a la reacción. Huilca era más peligroso para la revolución que un reaccionario verdadero”.

Sin embargo, los deudos del líder de construcción civil responsabilizaron al entonces Gobierno de turno, de Alberto Fujimori, con lo que pudieron cobrar una indemnización de más de 200 mil dólares.

Esto fue realizado mediante la representación de dos ONG, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional - CEJIL y la Comisión de Derechos Humanos - Comisedh, quienes presentaron su demanda ante la CIDH contra el Estado peruano en 2004.