El habeas corpus interpuesto por María Urbina contra el presidente Manuel Merino, su premier Ántero Flores-Aráoz, el entonces ministro Gastón Rodríguez y el ex jefe policial Jorge Lam, fue declarado infundado debido a que estaba basado en información falsa.

A través de este mecanismo, se pretendía acusar a los mencionados anteriormente como responsables de la desaparición de manifestantes durante las marchas de noviembre de 2020, que finalmente desencadenaron en la renuncia de Manuel Merino de Lama al cargo más importante del Estado y la posterior ascensión de Francisco Sagasti.

De esta manera se archivó el caso que indicaba que se atentó contra la libertad de muchos peruanos.

Algunos congresistas del Partido Morado habían difundido la información de que 73 ciudadanos podrían haber sido secuestrados, pero una reciente resolución oficial confirma que no hubo detenciones ni maltratos.