El proceso de colaboración eficaz de José “Leo” Pinheiro, expresidente de OAS, fue archivado después de seis años y dejó sin efecto sus confesiones sobre más de 7 millones de dólares en presuntas coimas destinadas a las campañas de Susana Villarán.

La decisión implica que toda la información proporcionada por el empresario brasileño —entre ella, aportes de 3 millones para la campaña contra la revocatoria y 4 millones para la reelección del 2014— no podrá ser utilizada en el caso que afronta la exalcaldesa. El giro se produce pese a que las declaraciones habían sido presentadas bajo juramento y con pruebas que, según la versión fiscal, estaban corroboradas.

El archivo de la colaboración se formalizó un día antes del inicio del juicio oral contra Villarán, lo que ha generado suspicacias sobre el impacto procesal y político del timing de la decisión. Las revelaciones de Pinheiro describían pagos irregulares a cambio de adendas en los peajes de Lima y representaban uno de los testimonios más contundentes del caso Lava Jato en el país. Sin embargo, la anulación del acuerdo borra de un plumazo el valor probatorio de todas sus declaraciones y deja al equipo fiscal sin uno de sus principales insumos.

La justificación oficial del Equipo Especial Lava Jato, encabezado por los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, sostiene que el acuerdo se frustró porque Pinheiro se negó a pagar la Reparación Civil exigida por la normativa peruana. Ambos fiscales afirmaron que no podían flexibilizar ese requisito y que el aspirante a colaborador debía aceptar todos los cargos y obligaciones previstos por ley. No obstante, esta explicación ha sido cuestionada tras revelarse el Acta de Entendimiento de Cooperación Internacional firmada el 12 de marzo de 2019 en Brasil, en la que aparece la firma de ambos y en la que se habría acordado no procesar civil, administrativa ni penalmente a Pinheiro.

La existencia de dicho documento contradice declaraciones previas del fiscal Pérez, quien afirmó no haber tenido conocimiento del proceso. Según la información difundida, el acta recogía un compromiso explícito de no exigir Reparación Civil al delator, lo que pone en entredicho la versión fiscal sobre las razones del archivo. El abogado de Pinheiro también ha señalado que la colaboración estaba concluida y corroborada, y que el archivo por un supuesto incumplimiento resulta incompatible con los compromisos asumidos por las autoridades peruanas en 2019.

La decisión ha reavivado las dudas sobre el manejo del caso Villarán y sobre la transparencia del equipo Lava Jato. Para algunos observadores, la pérdida de las confesiones de Pinheiro debilita gravemente la acusación y abre interrogantes sobre eventuales beneficios a la principal investigada. Otros sostienen que el contenido del acta y la secuencia de decisiones podrían configurar un trato irregular que afectó tanto al delator como a la integridad del proceso. El episodio vuelve a situar bajo escrutinio la actuación fiscal en uno de los casos de corrupción más polémicos de los últimos años.