La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, respondió con firmeza luego de que la Comisión Permanente del Congreso aprobara el informe que propone inhabilitarla por diez años para el ejercicio de la función pública. A su salida de la sede del Poder Judicial, la magistrada aseguró que la decisión constituye un “quiebre del Estado constitucional” y una “venganza política” por las denuncias que presentó contra diversos legisladores cuando ejercía el cargo.

Espinoza afirmó que el Parlamento está actuando de manera “abiertamente ilegal” y sostuvo que la sanción se explica por las investigaciones que impulsó. “Estos señores del Congreso están consumando una venganza política contra mi persona por haber hecho mi trabajo. No me perdonan por haber presentado denuncias contra varios de ellos. Ellos reciben las denuncias, ellos las archivan; son juez y parte”, declaró. Aseguró además que el Legislativo “la persigue” y “le inventa casos” para apartarla definitivamente del Ministerio Público.

La magistrada también cuestionó la decisión de la Comisión Permanente de votar por separado los informes contra los fiscales supremos Zoraida Ávalos, Juan Carlos Villena y Pablo Sánchez, pese a que —según afirmó— todos estaban involucrados en los mismos hechos. Para Espinoza, este mecanismo evidencia que la sanción “ya estaba preparada” únicamente en su contra. “Se supone que los cuatro fiscales supremos estamos involucrados en los mismos hechos, pero antojadamente han votado uno por uno porque la venganza ya estaba destinada a Delia Espinoza”, dijo.

La decisión parlamentaria se basa en el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que atribuye a Espinoza una presunta infracción constitucional. Este documento deberá ser sustentado próximamente en el Pleno, instancia que tendrá la última palabra sobre la eventual inhabilitación.

Mientras tanto, Espinoza insistió en que debe ser repuesta en el cargo y que continuará defendiendo su posición. “Hoy me deben reponer como fiscal de la Nación”, reclamó, reiterando que el Congreso está actuando con motivaciones políticas y afectando el equilibrio constitucional en el país.