Escrito por Juan Carlos Suttor en el blog Sin Pelos en la Lengua

 

En la década de los 90, el Perú inició un proceso de modernización institucional que tuvo en el INDECOPI a su abanderado más ilustre. La entidad nació con una mística envidiable: ser una "isla de eficiencia" capaz de garantizar la libre competencia y proteger al consumidor bajo criterios estrictamente técnicos. Sin embargo, tres décadas después, esa mística se ha evaporado. Lo que hoy tenemos es una institución hipertrofiada, políticamente vulnerable y que, en la práctica, ha desarrollado una dinámica que muchos no dudamos en calificar de "perversa".

 

El síntoma más evidente de esta decadencia es la preocupante táctica de "cazar en el zoológico". En una economía donde la informalidad supera el 75%, el INDECOPI parece haber claudicado en su labor de vigilar el mercado real para concentrarse en el mercado fiscalizable. Es una asimetría moral y económica: mientras las mafias de la falsificación, el transporte pirata y el comercio ambulatorio —donde se vulneran masivamente los derechos del consumidor— operan bajo una impunidad absoluta, la entidad descarga todo su peso regulatorio sobre el sector formal.

 

Para el empresario que paga impuestos, que tiene domicilio conocido y que intenta cumplir las reglas, el INDECOPI se ha vuelto un riesgo constante. Se imponen multas astronómicas y desproporcionadas por errores administrativos menores o interpretaciones subjetivas sobre el rotulado de un producto. Esta voracidad sancionadora no busca corregir el mercado, sino alimentar una caja fiscal que parece preferir la multa al cumplimiento. El mensaje que el Estado envía es devastador: ser formal en el Perú es ponerse un blanco en el pecho para que el regulador dispare.

 

Esta perversidad no es casual, sino el resultado de una crisis institucional profunda. El primer gran problema es la pérdida de autonomía. Al estar el INDECOPI adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), su independencia es una ficción legal. En los últimos años, hemos sido testigos de cómo las designaciones en su alta dirección han dejado de priorizar el brillo técnico para responder a cuotas políticas. Cuando el "árbitro" del mercado depende del humor del gobierno de turno, la seguridad jurídica desaparece y la inversión se ahuyenta.

 

A esto se suma una hipertrofia de funciones que raya en lo absurdo. El INDECOPI es hoy una suerte de "navaja suiza" regulatoria: defiende al consumidor, protege la propiedad intelectual, vigila la libre competencia, elimina barreras burocráticas y gestiona procesos concursales. Al intentar abarcarlo todo con recursos limitados y cuadros técnicos diezmados por la inestabilidad, la institución termina siendo ineficiente en casi todos sus frentes. La consecuencia es una lentitud exasperante en los procesos y resoluciones que a menudo carecen de sustento técnico sólido, lo que obliga a las empresas a judicializar casi todas las sanciones, saturando aún más el sistema.

 

La reorganización del INDECOPI no es un capricho de los gremios empresariales, sino una necesidad de supervivencia para la economía nacional. Una reforma seria debe partir por otorgarle Autonomía Constitucional, blindándolo de las garras del Ejecutivo, tal como sucede con el Banco Central de Reserva. Asimismo, es imperativo establecer criterios de proporcionalidad en las multas; una sanción debe ser disuasiva, no confiscatoria.

 

Si no recuperamos la esencia técnica del INDECOPI y no reorientamos su mirada hacia la selva de la informalidad que realmente daña al país, seguiremos castigando a los pocos que sostienen la estructura productiva del Perú. Un árbitro que solo cobra penales a los equipos que usan uniforme, mientras permite que los que juegan sin reglas campen a sus anchas, no es un árbitro: es un obstáculo para el progreso. Es hora de refundar la institución antes de que su descrédito sea total.