El Tribunal Constitucional dejó al voto el pedido de la defensa legal de Keiko Fujimori, quien busca la anulación total del proceso penal que enfrenta por el caso denominado "Cócteles". Esta investigación, llevada adelante por el Ministerio Público, gira en torno a los presuntos aportes irregulares que habría recibido el partido Fuerza Popular durante las campañas presidenciales de 2011 y 2016.

Durante la audiencia programada, el Tribunal evaluó el recurso de habeas corpus presentado por la defensa de Fujimori, el cual argumenta que se han vulnerado derechos fundamentales en el proceso y que este carece de base legal. La defensa sostiene que los supuestos hechos investigados no constituyen delito alguno y que, en el peor de los casos, deberían considerarse como infracciones de tipo administrativo electoral, mas no como delitos penales.

Cabe recordar que esta acción legal ya había sido rechazada previamente por el Tercer Juzgado Constitucional de Lima y luego por la Tercera Sala Constitucional de la misma ciudad, por lo que ahora el caso se encuentra en manos del máximo intérprete de la Constitución. El Tribunal Constitucional deberá decidir si corresponde archivar de forma definitiva la investigación o permitir que continúe su curso en el fuero judicial.

Uno de los argumentos centrales de la defensa, encabezada por la abogada Giulliana Loza, es que el tipo penal por el cual se acusa a Keiko Fujimori —lavado de activos mediante receptación patrimonial— fue incorporado al ordenamiento legal recién en noviembre de 2016, mediante el Decreto Legislativo N.º 1249. Por tanto, alegan que no puede aplicarse retroactivamente para hechos que habrían ocurrido antes de esa fecha, en contravención al principio de legalidad penal.

El fiscal del caso, José Domingo Pérez, ha solicitado una pena de 30 años y 10 meses de prisión para Fujimori, además de otras sanciones para miembros de su entorno político. Sin embargo, de aceptarse el pedido de su defensa, el proceso quedaría archivado de manera definitiva, representando un duro golpe para la Fiscalía y cerrando una de las investigaciones más emblemáticas en torno al financiamiento de campañas políticas en el país.

Por el momento, la audiencia quedó pendiente de inicio formal debido a que no todas las partes estaban presentes al momento de su convocatoria, situación que postergó la exposición completa de los argumentos. Mientras tanto, el país sigue atento a la decisión del Tribunal Constitucional, cuyo fallo podría marcar un precedente relevante en materia de procesos por financiamiento político y garantías constitucionales.