La fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, podría recibir una pena privativa de libertad de hasta seis años por el presunto delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 368 del Código Penal.

Esta disposición sanciona con entre tres y seis años de prisión a quien desobedezca una orden legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo en casos de detención.

Especialistas como Mario Amoretti Pachas han planteado la aplicación de esta figura legal contra Espinoza, quien se ha negado a cumplir una orden emitida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Según se indica, la magistrada habría recibido asesoría de abogados vinculados a la defensa de la constructora Odebrecht y del coronel destituido Harvey Colchado, actual precandidato al Congreso.

En medio de esta controversia, el ministro de Justicia, Juan Alcántara, sostuvo que no existe motivo alguno para que Patricia Benavides no sea repuesta en el cargo de fiscal suprema. “La Junta Nacional de Justicia ya se pronunció, el Poder Judicial se ha pronunciado y no veo ningún motivo por el cual no se deba poner a Patricia Benavides como fiscal suprema”, expresó tras una actividad oficial.

El caso se suma a las tensiones que atraviesa el Ministerio Público, con posturas encontradas respecto a la obediencia de las disposiciones de la JNJ y el cumplimiento de los fallos judiciales, en un contexto marcado por disputas internas y cuestionamientos a la actual gestión de la Fiscalía.