Ante la inminente inhabilitación para ejercer cargos públicos de la vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, su defensa envió un oficio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para intentar bloquear la acusación constitucional en su contra.

Según Boluarte, se ha vulnerado el debido proceso, por lo que le pide al ente internacional que solicite al Estado peruano suspender el proceso que se encuentra en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República.

Tal como lo señaló la Contraloría General y la Municipalidad de Lima, además de la confirmación de la propia vicepresidenta, la referida infracción constitucional se cometió cuando seguía actuando como titular del Club Departamental Apurímac en un momento en el que ya era funcionaria pública.

Por su parte, el congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular indicó que lo acontecido con Boluarte no es competencia de la CIDH puesto que esta solo debe intervenir cuando los mecanismos internos de protección de derechos humanos fallan o no son suficientes.