El programa Reactiva Perú, implementado durante el gobierno de Martín Vizcarra con el objetivo de mitigar el impacto económico de la pandemia, terminó generando una severa pérdida para el Estado. De acuerdo con una auditoría de la Contraloría General de la República, de los más de S/ 6,000 millones transferidos a empresas privadas, solo se ha logrado recuperar alrededor del 6 % a la fecha.

El informe señala que la iniciativa, diseñada para sostener la cadena de pagos y apoyar al sector productivo, terminó beneficiando de manera desproporcionada a grandes empresas y al sistema financiero. En contraste, las micro y pequeñas empresas quedaron relegadas, evidenciando un diseño y ejecución que profundizaron las desigualdades en el acceso a los recursos públicos.

Según la Contraloría, del total de fondos desembolsados, apenas el 6.7 % fue recuperado, mientras que un 58.2 % presenta un alto riesgo de ser irrecuperable. Esta situación representa un golpe significativo para las finanzas públicas y revela la ausencia de mecanismos efectivos para garantizar el retorno de los créditos otorgados con respaldo estatal.

El organismo de control también advirtió que el programa careció de “candados” que permitieran prevenir irregularidades. Varias empresas beneficiadas no cumplieron con sus obligaciones de pago y, en algunos casos, habrían cambiado de razón social o número de RUC para eludir el reembolso de los créditos, desviando recursos destinados a la reactivación económica.

La auditoría identificó además deficiencias en la labor de supervisión de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), encargada de monitorear la ejecución de los créditos. La fiscalización se limitó a la revisión documental proporcionada por las entidades financieras, sin verificar si las empresas cumplían efectivamente los requisitos exigidos por el programa.

Frente a estas irregularidades, el Ministerio de Economía y Finanzas adoptó nuevas disposiciones para mejorar la recuperación de la cartera honrada, incluyendo mecanismos de descuento, refinanciamiento y cesión de cartera. No obstante, la Contraloría advirtió que la falta de seguimiento posterior a la entrega de los fondos dificulta la identificación de créditos irregulares, manteniendo abierta la incertidumbre sobre la recuperación del dinero público y reavivando las críticas a la gestión del programa durante el gobierno de Vizcarra.