Militantes de Acción Popular denunciaron presuntas alteraciones en la lista oficial de delegados elegidos en las elecciones internas realizadas a fines de noviembre, señalando que el Comité Electoral Nacional habría modificado nombres antes de remitirlos a la ONPE y al JNE.

Según los denunciantes, la variación no reflejaría la voluntad expresada en las urnas y anticipa una nueva fractura interna en la organización política. La protesta se hizo visible frente a la sede de la ONPE, donde un grupo de militantes exigió transparencia y la revisión del padrón final.

Los participantes señalaron que los cambios se habrían registrado en Lima Metropolitana, Lima Provincias y otras regiones, cuando el Comité Electoral aún conservaba acceso a las plataformas oficiales. El sector que cuestiona el proceso asegura que las modificaciones ocurrieron después de la proclamación de resultados, pese a que el mandato del comité ya era materia de controversia. Responsabilizan además directamente a la presidenta del Comité Electoral Nacional, a quien acusan de haber actuado sin acuerdo de los demás miembros.

El excongresista Ricardo Burga afirmó que al menos 26 delegados habrían sido reemplazados de manera “disimulada”, lo que califica como una vulneración de la voluntad de la militancia. Asegura también que la titular del comité, Cinthia Pajuelo, conservaría claves de acceso a los sistemas del JNE y la ONPE pese al cuestionamiento sobre la vigencia de su cargo, lo que habría facilitado los cambios sin supervisión. Burga sostuvo que esta situación configura un posible “secuestro institucional” del proceso interno y advirtió que podría alterar la correlación real de fuerzas rumbo a la selección de candidatos.

Ante la controversia, militantes del partido exigieron que la ONPE verifique el padrón remitido y lo contraste con las actas originales para confirmar si existió manipulación. Indicaron que, de comprobarse las irregularidades, Acción Popular llegaría debilitada al proceso electoral 2026, con efectos directos en la legitimidad de sus candidaturas y en la supervisión que corresponde al Jurado Nacional de Elecciones. Alertaron además que un padrón alterado modificaría el equilibrio interno y afectaría la representación regional dentro de la organización.

Ricardo Burga anticipó acciones legales y anunció que presentará un amparo para que se investiguen los hechos, además de solicitar la intervención del Ministerio Público. Agregó que no permitirá —según sus palabras— que el partido “sea manipulado”, por lo que pidió a ONPE y JNE actuar con firmeza. En un escenario preelectoral cada vez más tenso, la crisis interna de Acción Popular añade incertidumbre al camino rumbo a las elecciones generales del 2026.