Por Miguel Lagos, publicado en Expreso

Ecuador atraviesa otra fase crítica de alta tensión política, social y criminal. El gobierno de Daniel Noboa, que ha emprendido reformas económicas y medidas de seguridad legítimas luego de ganar en abril las elecciones para el período 2025-2029, enfrenta una ofensiva múltiple: protestas, violencia organizada, sabotaje político. Todo esto en medio de una narrativa de deslegitimación impulsada por sectores extremistas de izquierda, algunos vinculados al correísmo y —por esa vía— a redes transnacionales del crimen organizado.

Desde septiembre pasado, el país vive un paro nacional convocado por la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. Las protestas han derivado en bloqueos, enfrentamientos, un fallecido y más de 150 detenidos. El gobierno ha renovado el estado de excepción en doce provincias, autorizando el uso excepcional de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas. Conocida es la postura fuertemente izquierdista de la CONAIE y recientemente se han presentado acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito contra varios dirigentes, incluyendo a su presidente Marlon Vargas. La Fiscalía de Ecuador abrió una investigación previa que involucra a más de 50 líderes indígenas, sociales y ambientales. Aquí la sospecha va a que incluso algunas economías ilegales —como la minería crimiminal— han logrado contaminar a ciertos liderazgos sociales cuyas acciones impactan en el proceso político. Está por verse cómo se desarrollan estas investigaciones y si hay condicionantes ocultos sobre las movilizaciones antigubernamentales desde este sector.

El asunto de fondo, hoy, es que lo que se presenta como una crisis interna tendría patrones que exceden las fronteras ecuatorianas. Es decir, lo que ocurre en Ecuador parece instalarse en un patrón regional de desestabilización inducida, donde la izquierda extremista —el correísmo probolivariano en este caso— tras perder espacios de poder y sufrir derrotas electorales, activa mecanismos de presión callejera, sabotaje institucional y violencia dosificada.

Algo parecido se vio en Argentina, donde Javier Milei ha enfrentado bloqueos sindicales violentos y disturbios calculados promovidos por sectores kirchneristas. En Chile, Sebastián Piñera fue blanco de una revuelta urbana que derivó en intentos de cambios constitucionales forzados. El famoso “octubrismo” del 2019 que incendió el país, catapultó a Gabriel Boric quien hoy gobierna coaligado al Partido Comunista (innegablemente vinculado al castrochavismo). En Colombia, el expresidente Iván Duque también vivió movilizaciones con afanes insurreccionales desde la calle. Mientras en Perú, tras la caída del golpista y prosenderista Pedro Castillo, sectores afines incitaron escenarios de presión violenta, incluso con presencia de elementos salidos y financiados desde el VRAEM.

Todo ello no significa que no existen demandas válidas entre la población que busca movilizarse legítimamente. Lo que se cuestiona, se sospecha y se observa es cómo estas son potencialmente manipuladas y descarriladas hacia la violencia, incluyendo formas progresivas de terrorismo políticamente motivadas. Existe un sinnúmero de evidencias de infiltración de extremistas políticos —nacionales y extranjeros— recalentando tensiones en estos país. A ellos se han sumado también, con diversa intensidad, actores delictivos con fines económicos.

Este tipo de patrón revelaría una estrategia regional donde la violencia política se entrelaza con economías ilegales —minería informal, narcotráfico, contrabando— y redes transnacionales como el Tren de Aragua o el narcochavismo. Ecuador, por su posición geográfica y su rol estratégico en la lucha contra el crimen organizado, se convierte en un blanco prioritario. ¿Está jugando en pared el correísmo con estos actores para desestabilizar a un incómodo gobierno de derecha de Daniel Noboa?

Ayer martes, el presidente ecuatoriano salió ileso de un ataque callejero y con disparos cuando se desplazaba por Cuenca, al interior del país. Debe recordarse el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023; crimen que muchos señalan como producto de la coordinación entre enemigos políticos y narcos. La narcopolítica en acción.

La violencia en Ecuador no es solo política ni solo criminal. Es una convergencia. Las protestas indígenas, legítimas en su origen, han sido penetradas por operadores con intereses paralelos: correísmo, narcoestructura, minería ilegal. El gobierno ha acusado a la CONAIE de estar involucrada en tramas de enriquecimiento ilícito. La eliminación del subsidio al diésel afecta directamente a operaciones ilegales que dependen de ese combustible para maquinaria pesada.

Además, la militarización de cárceles, la categorización de bandas como grupos terroristas y la cooperación con EE.UU. —incluyendo la posible reactivación de bases militares y presencia de la DEA— han encendido alarmas en el eje bolivariano. Para el narcochavismo, el fracaso de Noboa es vital: Ecuador representa una ficha importante en el tablero latinoamericano.

¿Qué males en ejecución y otros riesgos estratégicos y geopolíticos pueden crecer? (1) Riesgo de insurrección dosificada: la amenaza no es un golpe clásico, sino una erosión gradual del orden institucional mediante violencia focalizada, presión social y sabotaje político. (2) Riesgo de captura criminal del Estado: la infiltración de estructuras criminales en movimientos sociales y partidos políticos busca condicionar decisiones estatales. (3) Riesgo geopolítico regional: la desestabilización de Ecuador puede alterar y debilitar aún más la cooperación hemisférica contra el crimen organizado.

Ecuador parece no estar viviendo una protesta espontánea, sino una ofensiva híbrida altamente politizada y polarizante. Noboa, que ha venido tomando medidas legítimas en economía y seguridad, enfrenta una coalición informal de actores que buscaría su colapso: izquierda extremista, crimen organizado, correísmo residual y sectores políticos “centristas” funcionales. El caso ecuatoriano no debe dejar de leerse como un intento calculado de desestabilización inducida, con implicaciones profundas para la seguridad regional. Ojo con el eco que este escenario pueda tener en el Perú en ruta a las elecciones del 2026.