Por Augusto Cáceres Viñas, médico y gestor público

La censura de Jerí, consumada por el Congreso, no constituye una sorpresa. Es el desenlace previsible de una situación que se había vuelto moral y políticamente insostenible. Su permanencia en el cargo ya no respondía a la legitimidad ni al respeto institucional, sino únicamente a la conveniencia transitoria de quienes lo sostenían.

Sin embargo, conviene decirlo con claridad: la censura de Jerí no resuelve la crisis. La confirma.

Porque lo ocurrido no es simplemente la caída de un presidente. Es la manifestación más reciente de una transformación más profunda y preocupante: el Perú ha dejado de ser, en la práctica, un régimen presidencial pleno, para convertirse en un parlamentarismo de facto, donde el poder real no reside en quien ocupa la Presidencia, sino en el Congreso, que decide quién gobierna y por cuánto tiempo.

La elección de un nuevo presidente o presidenta interina no resolverá esta realidad. Será, en el mejor de los casos, una solución administrativa a un problema estructural.

Existe también una preocupación legítima en algunos sectores: que sectores ideológicos sin compromiso democrático puedan alcanzar el poder interino o incrementar su presencia en el Congreso tras las elecciones del próximo 12 de abril. Pero ese escenario no depende de la permanencia o salida de Jerí. Depende, primero, de la decisión de los propios congresistas; y después, únicamente, de la voluntad soberana del ciudadano expresada en las urnas.

Y es aquí donde recae la verdadera responsabilidad histórica.

El Perú no puede permitirse, una vez más, elegir un Congreso fragmentado, sin mayorías claras, sin cohesión y sin sentido de responsabilidad nacional. Porque cuando el presidente carece de una mayoría parlamentaria, o al menos de una representación significativa que le permita gobernar, el poder real se desplaza inevitablemente hacia el Congreso.

Eso fue lo que ocurrió con Pedro Pablo Kuczynski. Eso fue lo que ocurrió con los presidentes que lo sucedieron. Y eso es lo que ha ocurrido nuevamente hoy.

Cuando el presidente no tiene respaldo parlamentario, no gobierna. Sobrevive. Y cuando el presidente sobrevive, quien gobierna es el Congreso.

Pero el Perú no es, formalmente, un régimen parlamentario. Y ahí reside la gravedad del problema.

En un verdadero régimen parlamentario existen mecanismos institucionales que garantizan estabilidad, responsabilidad política y continuidad del gobierno. Existen mayorías orgánicas, disciplina partidaria, responsabilidad compartida y la posibilidad de restablecer el equilibrio democrático mediante instrumentos constitucionales claros.

Nada de eso existe hoy en el Perú.

Lo que tenemos, en cambio, es un parlamentarismo de facto sin responsabilidad parlamentaria. Un sistema donde el Congreso ejerce el poder sin asumir plenamente las consecuencias de gobernar. Un sistema que no fortalece la democracia, sino que la debilita. Que no la perfecciona, sino que la pervierte.

A este escenario se suma un factor nuevo y decisivo: el próximo Parlamento será estructuralmente más poderoso que el actual.

A partir de julio, el Perú restablecerá la bicameralidad. El Congreso dejará de estar compuesto por una sola cámara de 130 miembros y pasará a tener dos: una Cámara de Diputados, con 130 representantes, y un Senado, con 60 miembros.

La mitad de los senadores será elegida en distrito electoral nacional único, representando a la Nación en su conjunto, y la otra mitad será elegida por circunscripciones regionales, reforzando la representación territorial.

Esto significa que el nuevo Congreso tendrá una doble legitimidad: nacional y regional. Y con ello, el peso político del Parlamento será mayor que en cualquier momento de las últimas tres décadas.

Pero este mayor poder institucional no garantiza estabilidad. Por el contrario, podría agravar la crisis si el resultado electoral produce un Parlamento fragmentado.

Este riesgo se ve agravado por la valla electoral del 5% de los votos válidamente emitidos. Si el voto ciudadano se dispersa excesivamente, múltiples partidos lograrán superar ese umbral, dando lugar a numerosas bancadas pequeñas, cada una pugnando por su propia cuota de poder.

El resultado sería un Congreso atomizado. Un Congreso compuesto por mini bancadas, sin cohesión, sin mayorías claras y sin un mandato político definido.

En ese escenario, el poder dejaría de ser un instrumento de gobierno para convertirse en un objeto de disputa permanente.

Y en el centro de este complejo panorama se encuentran los partidos políticos.

Hoy existen 36 organizaciones políticas inscritas. Pero su número no refleja fortaleza democrática, sino debilidad estructural.

Muchos son apenas cascarones legales. Otros funcionan como vientres de alquiler. Y algunos son partidos con dueño propio, donde no existe democracia interna real y donde los liderazgos se perpetúan sin renovación.

Este fenómeno ha vaciado de contenido al sistema democrático.

Porque en una democracia funcional, los partidos son instituciones que organizan el poder. Cuando los partidos desaparecen como instituciones reales, lo que emerge no es más democracia, sino más fragmentación.

Y cuando el sistema político se fragmenta, el poder también se fragmenta.

Por eso, el próximo proceso electoral no es una elección más. Es una decisión estructural sobre el futuro del país.

La ciudadanía debe comprender que no solo está eligiendo un presidente. Está eligiendo quién tendrá el poder real de gobernar el Perú.

Elegir un presidente sin respaldo parlamentario es elegir la parálisis. Es elegir la confrontación permanente. Es elegir la inestabilidad.

Elegir un Congreso fragmentado es elegir, en la práctica, un gobierno sin dirección.

El Perú necesita un gobierno que pueda gobernar. Necesita un presidente con respaldo parlamentario suficiente para ejercer el poder que la Constitución le confiere.

Si el país vuelve a fragmentar el poder, el ciclo de inestabilidad continuará.

Y entonces, el problema no habrá sido Jerí, ni Boluarte, ni el que mañana asuma interinamente la Presidencia.

Habrá sido cómo hemos pervertido el sistema democrático.

Porque la democracia no colapsa cuando cae un presidente. Colapsa cuando el poder se fragmenta hasta volverse impotente, cuando las instituciones se convierten en instrumentos de supervivencia y cuando la voluntad popular, en lugar de construir gobernabilidad, termina destruyéndola.

El destino del Perú no se decidirá en el Congreso.

Se decidirá, nuevamente, en las urnas.

Y esta vez, y como siempre, la responsabilidad será enteramente nuestra.