Por Raúl Benavides Ganoza, director de la Compañía de Minas Buenaventura
Publicado en El Comercio

En las últimas semanas se ha intensificado el debate público sobre el presunto abuso de las grandes empresas mineras, a las que se acusa de acaparar extensas áreas mediante concesiones sin permitir que pequeños mineros puedan trabajarlas. Sin embargo, para comprender la dimensión real del problema es necesario aclarar primero cómo funciona el sistema de concesiones mineras en el país.

Una concesión minera otorga a su titular el derecho a explorar y explotar el subsuelo, derecho que no es gratuito. El concesionario debe pagar anualmente un derecho de vigencia que varía según el tamaño de la concesión y la categoría del productor: US$2 por hectárea para quienes poseen más de 2.000 hectáreas; US$1 por hectárea para pequeños productores mineros (PPM) con menos de 2.000 hectáreas; y US$0,50 por hectárea para productores mineros artesanales (PMA) con menos de 25 hectáreas.

En el caso de las grandes empresas mineras, el camino hacia la puesta en producción de una mina es particularmente largo, complejo y costoso. Cumplir con los requisitos técnicos, sociales, ambientales y legales puede tomar —en el mejor de los escenarios— hasta 30 años. Además, si una empresa no realiza una inversión significativa o inicia la producción a partir del año 16 de otorgada la concesión, debe pagar una penalidad equivalente al 20% de una UIT por hectárea, equivalente a S/1.100. Esta penalidad se incrementa al 30% de la UIT equivalente a S/1.650 por hectárea a partir del año 21, sin dejar de pagar el derecho de vigencia anual.

Contrario a la percepción popular, ninguna empresa minera tiene interés en retener concesiones más allá de lo estrictamente necesario. Por el contrario, las compañías suelen reducir rápidamente aquellas áreas que no presentan potencial minero. Sin embargo, los retrasos en la obtención de autorizaciones para el uso de la superficie, sumados a la complejidad de los trámites administrativos y restricciones sociales, ambientales y legales, obligan en muchos casos a conservar concesiones por más tiempo del deseado, aun cuando se hayan hecho todos los esfuerzos por avanzar hacia la producción.

En ese contexto, aparece un nuevo actor: el Reinfo. En la práctica, se han registrado casos en los que operadores inscritos en el Reinfo ingresan a concesiones de terceros, pese a que legalmente no están autorizados para hacerlo. Resulta evidente que muchos de estos operadores no tienen estudios ambientales aprobados ni autorizaciones para iniciar operaciones, y tampoco cumplen las normas mínimas de seguridad y salud en el trabajo. En estos casos, el Reinfo termina funcionando como un escudo legal que encubre infracciones graves e incluso delitos.

Frecuentemente, estos operadores logran acuerdos económicos con las comunidades propietarias de la superficie, e incluso ofrecen dádivas a autoridades para facilitar su permanencia. Frente a esta situación, la empresa titular de la concesión solo puede recurrir a la denuncia, mientras sigue asumiendo el pago de vigencias y penalidades.

Es entonces cuando emerge el discurso político: se acusa a las empresas de mantener “concesiones ociosas” y de impedir que los mineros artesanales o ancestrales trabajen dichas áreas, presentando esta situación como un abuso que debe corregirse mediante la reasignación de concesiones.

No obstante, la raíz del problema no está en el sistema de concesiones en sí, sino en el entramado de leyes, normas y reglamentos que hacen que la explotación formal, racional y bajo estándares internacionales sea excesivamente larga y compleja. Este escenario no solo desalienta la inversión; fomenta la informalidad y, en muchos casos, la ilegalidad.

El país necesita normas simples y claras que reduzcan procesos innecesarios y limiten la discrecionalidad de los funcionarios. Solo así será posible poner en valor los recursos minerales del Perú sin seguir profundizando los daños sociales, laborales y ambientales que genera la minería informal.

Si realmente se busca preservar y fortalecer la minería pequeña y artesanal, el camino no es flexibilizar la ilegalidad, sino simplificar los procedimientos de formalización, asegurar condiciones de trabajo seguras y garantizar estándares mínimos de protección ambiental. Lo que no puede aceptarse bajo ningún concepto es que el Reinfo sea usado como un mecanismo para encubrir el lavado de dinero y la violación flagrante de la ley.