Laura Fernández ganó las elecciones presidenciales de Costa Rica en primera vuelta y se convirtió en la nueva mandataria del país para el período 2026-2030, tras una jornada electoral marcada por hechos de violencia inéditos en el país centroamericano. La candidata de derecha, elegida como sucesora por el presidente saliente Rodrigo Chaves, logró el respaldo suficiente para evitar una segunda ronda.

Según el recuento preliminar, Fernández alcanzó cerca del 50% de los votos, superando con amplia ventaja a sus principales contendores, un candidato tecnócrata que obtuvo alrededor del 33% y una ex primera dama que quedó con cerca del 5%. Hasta la noche del domingo, las autoridades electorales habían procesado aproximadamente el 85% de las actas a nivel nacional.

Con 39 años, Fernández se convierte en la segunda mujer en llegar a la presidencia de Costa Rica. Su campaña se centró en una propuesta de mano dura contra la delincuencia, un mensaje que caló en un electorado preocupado por el deterioro de la seguridad y que fue reforzado por la alta popularidad del gobierno saliente.

El triunfo también estuvo rodeado de controversia. El año pasado, la autoridad electoral determinó que el presidente Chaves había utilizado su posición para favorecer públicamente a Fernández durante la campaña, una práctica prohibida por la Constitución. Aunque Chaves no podía postular a la reelección, se considera probable que asuma un rol relevante dentro del nuevo gabinete.

Tras conocerse los resultados preliminares, Fernández agradeció públicamente el respaldo de su mentor en una videollamada transmitida por televisión. En su mensaje, destacó la confianza recibida desde el inicio y aseguró que el legado del actual gobierno continuará durante su administración, comprometiéndose a dar continuidad a las políticas impulsadas en los últimos años.

Con esta victoria, el movimiento político liderado por Chaves se mantendrá en el poder por al menos cuatro años más. Analistas señalan que esto implicará la continuidad de un proyecto que ha impulsado reformas profundas y polémicas, incluyendo cambios en instituciones clave del Estado y tensiones con organismos de control, en un contexto que seguirá siendo observado de cerca tanto a nivel interno como internacional.