El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, ha denunciado públicamente una presunta intromisión del Poder Ejecutivo en el proyecto Olmos, específicamente en lo relacionado con la continuidad de las obras del trasvase. A través de sus redes sociales, cuestionó el accionar del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio de Agricultura, asegurando que la propuesta planteada por estas entidades podría poner en riesgo el abastecimiento de agua para los agroexportadores de la zona.

Según Pérez Flores, la eventual modificación de los mecanismos de adjudicación sin una licitación internacional afectaría no solo la transparencia del proceso, sino también la estabilidad de miles de puestos de trabajo y las contribuciones tributarias provenientes del sector agrícola. “Existen maniobras extrañas, quieren arrebatar el proyecto para adjudicar directamente sin una licitación internacional y configurar un nuevo Odebrecht. ¿Quién está detrás de todo esto?”, advirtió el gobernador en un mensaje.

Frente a esta situación, se ha programado una reunión crucial para este lunes 8 de julio en el Ministerio de Economía y Finanzas, la cual contará con la presencia del titular del MEF, Raúl Pérez Reyes, así como de representantes de ProInversión. El objetivo del encuentro será abordar las tensiones generadas por el futuro del proyecto Olmos y buscar salidas institucionales a la controversia.

Pérez Flores también criticó el incumplimiento del convenio suscrito con ProInversión y el MEF, que establecía la realización de un concurso internacional para seleccionar una nueva empresa que reemplace a Odebrecht en la ejecución del proyecto. En su opinión, cualquier intento de alterar este procedimiento podría abrir la puerta a prácticas cuestionables y deslegitimar los avances logrados hasta el momento.

El gobernador lambayecano hizo un llamado a las autoridades a respetar los procesos establecidos y a priorizar el desarrollo sostenible de la región. Subrayó que el agua es un recurso estratégico para la agroexportación y que su administración no permitirá decisiones que perjudiquen a los agricultores, empresarios ni a la población de Olmos.