La acusación fiscal contra el expresidente y exgobernador regional de Moquegua, Martín Vizcarra, ingresó a su fase decisiva con la presentación de una reconstrucción de llamadas, reuniones, ajustes contractuales y retiros de efectivo que, según el Ministerio Público, configurarían el cobro de pagos ilegales por los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

La investigación sostiene que los montos habrían sido entregados entre fines de 2013 y 2014, con participación de representantes, consultores y personal administrativo vinculado a las empresas Obrainsa e ICCGSA.

De acuerdo con la tesis fiscal, el Ministerio Público ha ratificado su pedido de 15 años de cárcel para Vizcarra al considerar que recibió S/ 1 millón de Obrainsa y S/ 1,3 millones de ICCGSA, además de solicitar una reparación civil superior a S/ 4,6 millones. La exposición se basa en reportes contables, documentos institucionales, testimonios de colaboradores eficaces y comunicaciones telefónicas cruzadas que, según la acusación, acompañaron los procesos de reajustes económicos y adjudicación de obra.

La Fiscalía describe que, en el caso de Lomas de Ilo, la secuencia inicia tras la intervención de UNOPS en noviembre de 2013 y continúa con coordinaciones que vincularían al entonces gobernador en solicitudes de beneficio ilícito, seguidas de retiros de dinero en enero y abril de 2014. De manera paralela, en el caso del Hospital de Moquegua se atribuyen contactos con representantes del consorcio en el evento CADE, lo que habría marcado el inicio de coordinaciones que concluyeron con reajustes aprobados en un plazo reducido y posteriores movimientos contables internos.

La acusación incorpora nombres de representantes, ejecutivos y personal administrativo relacionados a la salida de fondos, además de mencionar que las gestiones descritas se asemejan a patrones investigados en el conocido caso del “Club de la Construcción”. Según los documentos presentados, los pagos habrían sido coordinados en dos etapas, replicando mecanismos atribuidos a acuerdos ilícitos previos en otras obras públicas.

El proceso judicial ingresa a alegatos finales, etapa previa a la participación de la defensa y la última declaración de Vizcarra, quien niega haber cometido delito y afirma que se trata de una versión construida por colaboradores para obtener beneficios. La Fiscalía ha solicitado que, en caso de una sentencia condenatoria, se ejecute de inmediato, sin esperar una segunda instancia.