El holding financiero Credicorp denunció públicamente que la Sunat ha reabierto un caso ya resuelto sobre operaciones bursátiles realizadas por Grupo Crédito en 2018 y 2019, e intenta cobrar más de S/1,500 millones en impuestos e intereses, desconociendo la normativa vigente de ese momento. Según la empresa, este acto representa una grave amenaza para la seguridad jurídica en el país y genera un clima de incertidumbre para todos los actores económicos.

Las operaciones cuestionadas consisten en la compra de acciones del Banco de Crédito del Perú por parte de Grupo Crédito a Credicorp Ltd., transacciones realizadas a través de la Bolsa de Valores de Lima y que, de acuerdo con la legislación tributaria entonces vigente, estaban exoneradas del Impuesto a la Renta. La norma establecía condiciones claras para dicha exoneración, entre ellas, que la operación no superara el 10% del capital accionario en un año y que las acciones tuvieran presencia bursátil.

Credicorp afirmó que se cumplieron rigurosamente todos los requisitos exigidos por ley, y que las operaciones fueron registradas en Cavali, autorizadas por la SBS y notificadas a la SMV. Incluso recordó que en 2024 el Comité Revisor de la propia Sunat desestimó el caso por falta de sustento. Sin embargo, en un giro inesperado, la administración tributaria ha retomado el procedimiento argumentando ahora que se trató de una operación simulada, pese a que ese argumento ya había sido descartado anteriormente.

Para Credicorp, esta decisión pone en riesgo la predictibilidad legal necesaria para fomentar las inversiones, no solo por el impacto directo a su empresa, sino por el precedente que se genera. “Este atropello a la seguridad jurídica viene por partida doble: además de desconocer la ley, la Sunat reabre un caso que ya se había cerrado en sus propios fueros”, denunció en su comunicado. Advirtió además que permitir que la autoridad fiscal cambie de interpretación sin base firme debilita el Estado de Derecho.

La compañía concluyó señalando que ejercerá su defensa en todas las instancias que correspondan, con firmeza pero dentro del marco legal, para proteger sus derechos y los intereses de sus colaboradores, clientes e inversionistas. Reiteró que esta situación no solo afecta a Credicorp, sino que representa una amenaza para cualquier contribuyente del país.