El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, planteó una reorganización integral del sistema penitenciario peruano que contemple la separación de los internos según su nivel de peligrosidad. La propuesta busca que los delincuentes de alta peligrosidad permanezcan en establecimientos de máxima seguridad, mientras que los reos primarios y no violentos sean trasladados a centros con condiciones orientadas a su rehabilitación.

Álvarez cuestionó que actualmente internos con perfiles delictivos muy distintos compartan los mismos establecimientos penitenciarios. “¿De qué sirve elevar la pena para un sicario si lo vamos a terminar internando con 10 alimentistas?”, señaló el ministro, al defender la necesidad de establecer una clasificación más estricta de los internos. En ese sentido, propuso utilizar los penales de Lurigancho y Ancón para concentrar a los reclusos considerados más peligrosos.

Para los internos primarios y aquellos que no hayan cometido delitos violentos, el titular del Minjus planteó la construcción de establecimientos diferenciados en los que puedan acceder a programas productivos y mecanismos de rehabilitación. Según sostuvo, el objetivo es que las cárceles no se limiten a custodiar a los condenados, sino que también generen condiciones para su reinserción y reduzcan la posibilidad de reincidencia.

La reforma también alcanzaría al personal penitenciario. Álvarez consideró que los agentes encargados de la custodia deberían recibir una formación de carácter castrense y anunció la posibilidad de incorporar al sistema a reservistas y oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas, aprovechando sus conocimientos en seguridad, electrónica y mecánica. A su juicio, los custodios necesitan una preparación basada en disciplina, valores y una doctrina de actuación que permita recuperar el control de los establecimientos.

El ministro también adelantó que su sector trabaja en modificaciones al Código Procesal Penal, al que calificó de “fracasado”, con la finalidad de agilizar las decisiones judiciales y reducir las demoras de los procesos. Álvarez sostuvo que la reforma penitenciaria debe combinar una nueva distribución de los internos, una mayor preparación de los agentes y cambios en las reglas jurídicas para que el sistema pueda cumplir tanto con la seguridad como con la rehabilitación de los reclusos.