El Poder Judicial archivó definitivamente el proceso por lavado de activos seguido contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, luego de ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la condena impuesta en este caso. La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró la nulidad de las actuaciones judiciales y fiscales vinculadas al proceso, que se prolongó durante más de 12 años.

El tribunal, presidido por el juez superior Córdova Pintado, también dispuso levantar las órdenes de captura, requisitorias y medidas cautelares que pesaban sobre los investigados. La decisión alcanza a otros procesados, entre ellos Ilán Heredia, Mario Torres y Antonia Alarcón, y contempla además el levantamiento de embargos sobre cuentas, vehículos y otros bienes.

El caso estaba relacionado con presuntos aportes irregulares provenientes de Venezuela y Brasil para financiar las campañas electorales del Partido Nacionalista en 2006 y 2011. En abril de 2025, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional había condenado a Humala y Heredia a 15 años de prisión. Sin embargo, esa condena quedó anulada tras la decisión del Tribunal Constitucional.

El TC declaró fundada el 31 de julio de 2026 la demanda de hábeas corpus presentada por Humala y concluyó que se vulneraron los principios de legalidad y tipicidad. Según el máximo intérprete de la Constitución, los hechos investigados no podían ser considerados delito de lavado de activos bajo la legislación vigente al momento de las campañas de 2006 y 2011, debido a que la modalidad de receptación patrimonial utilizada en la imputación fue incorporada recién en noviembre de 2016.

Con la ejecución de ese fallo, Humala queda liberado de las consecuencias de la condena anulada y Nadine Heredia, quien permanece asilada en Brasil desde 2025, ya no tiene órdenes de captura ni restricciones de libertad vinculadas a este expediente. Durante la audiencia, el Ministerio Público no se opuso a extender los efectos de la decisión constitucional a los demás implicados, mientras que la Procuraduría especializada en lavado de activos dejó la decisión en manos de la Sala y señaló que no mantendría pretensiones de reparación civil.