El Gobierno de Pedro Castillo y el partido Perú Libre tienen en la mira a tres organismos constitucionales autónomos, al punto de querer eliminarlos o atacarlos profundamente, tal es el caso del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República.

El contralor Nelson Shack viene siendo acusado de ser el responsable de la catastrófica situación de Petroperú, por lo que la congresista de Perú Libre Margot Palacios ha formulado una denuncia constitucional contra él.

En el caso del defensor Wálter Gutiérrez, el propio presidente le increpó promover la vacancia presidencial desde su posición, de la misma manera, la bancada oficialista plantea removerlo por vía judicial a pesar de que su mandato está vencido y es el propio Congreso quien debe nombrar a su sucesor.

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, declaró para los medios nacionales que el Tribunal Constitucional debe desaparecer, luego de haber emitido un fallo favorable al expresidente Alberto Fujimori.