La Junta Nacional de Justicia suspendió por seis meses a Delia Espinoza de su cargo como fiscal de la Nación, tras atribuirle presuntas faltas muy graves vinculadas a la reposición de Patricia Benavides. La medida, propuesta por la vicepresidenta María Teresa Cabrera y respaldada por la mayoría de consejeros, dejó momentáneamente sin cabeza al Ministerio Público hasta que asumiera de manera interina el fiscal supremo Pablo Sánchez.

El proceso disciplinario se originó luego de que Espinoza desobedeciera una resolución que ordenaba la restitución de Benavides en el máximo despacho fiscal. Según el informe de la JNJ, la magistrada no solo habría ignorado el mandato, sino que además desplegó acciones para mantenerse en el cargo, entre ellas rehusarse a convocar a la Junta de Fiscales Supremos y no recibir a su colega reinstalada. También se le atribuye haber instigado a trabajadores a realizar una vigilia en la sede institucional.

La sanción, de carácter provisional, podrá ser apelada por Espinoza, pero ello no detiene su ejecución. El reglamento de procesos disciplinarios contempla que este tipo de suspensiones preventivas pueden extenderse hasta un año. En ese lapso, la investigación podría concluir con su absolución, una nueva suspensión o incluso una destitución definitiva.

Tras la decisión de la JNJ, Pablo Sánchez, como fiscal supremo de mayor antigüedad, asumió la conducción de la Fiscalía de la Nación. En caso de que declinara, la encargatura habría recaído en Zoraida Ávalos y, eventualmente, en Tomás Gálvez. Esta línea de sucesión refleja la incertidumbre sobre la estabilidad institucional del Ministerio Público, que en pocos meses ha visto a tres de sus titulares apartados por decisiones disciplinarias.

Los consejeros justificaron la medida señalando que la conducta de Espinoza representó un quebrantamiento de la institucionalidad del Ministerio Público y afectó la confianza ciudadana en el Estado de derecho. Mientras tanto, la propia fiscal suspendida denunció falta de garantías en el proceso y evitó presentarse a la audiencia convocada por la JNJ, insistiendo en que su caso responde a intereses políticos más que a razones estrictamente jurídicas.

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