El Congreso y el Ejecutivo oficializaron la promulgación de una ley que establece medidas extraordinarias para combatir la extorsión y el sicariato en las empresas de transporte público.

La ceremonia se realizó en Palacio de Gobierno con la participación del primer vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, acompañado del presidente José Jerí Oré, el jefe de gabinete Ernesto Álvarez y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto.

Rospigliosi Capurro señaló ante la prensa que esta norma es el resultado de un proceso de diálogo sostenido con los representantes del sector. Indicó que el proyecto fue debatido en varias mesas técnicas hasta llegar a un consenso con los gremios de transportistas, quienes enfrentan desde hace años amenazas, cobros ilegales y ataques directos por parte de organizaciones criminales. “Fue un proyecto de ley conversado y discutido con los transportistas. Es un punto más, un avance en esta lucha que estamos librando todos juntos”, expresó.

La ley crea un grupo interinstitucional encargado de coordinar acciones entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación y otras entidades del Estado para enfrentar estas mafias. Según indicó Rospigliosi Capurro, esta articulación permitirá acelerar respuestas que antes se dilataban por la falta de coordinación entre instituciones. “Una ley más que brinda el Parlamento Nacional para la lucha del crimen organizado”, añadió.

Entre las medidas, se contempla la creación de un Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y Sicariato (GIES), fiscalías especializadas para estos delitos y una evaluación del Ministerio de Transportes sobre rutas, paraderos y unidades que deberán contar con sistemas de vigilancia, cámaras o botones de pánico conectados al sistema de comando y control del GIES. Asimismo, se otorgarán créditos blandos y exoneraciones temporales a empresas afectadas por la delincuencia, además de compensaciones económicas y seguros estatales en caso de pérdida de unidades o fallecimiento de trabajadores.

La norma también incluye financiamiento para reparar infraestructura y equipamiento dañado por actos criminales, bajo el programa Ruta Segura Restablecida. Finalmente, dispone la extinción de dominio de bienes vinculados a cuentas bancarias o billeteras electrónicas usadas para actividades extorsivas, buscando cortar el flujo financiero de las organizaciones delictivas que operan en el sector.