La Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre del 2027, una decisión que vuelve a encender las alarmas entre especialistas y gremios empresariales, quienes sostienen que la prórroga perpetuará la informalidad e incentivará actividades ilícitas vinculadas a la minería ilegal. Pese a esas advertencias, el dictamen obtuvo 17 votos a favor, tres en contra y una abstención, y ahora deberá pasar al pleno.

El acuerdo se dio luego de dos horas de debate y fue aprobado con cargo a redacción, por lo que el texto sufrirá modificaciones antes de ser elevado a consideración del pleno. Entre los cambios previstos se encuentran los aportes de la congresista Patricia Juárez, de Fuerza Popular, quien propuso reincorporar más de 50.000 registros que fueron excluidos del Reinfo en procesos de depuración anteriores, atendiendo una de las principales demandas de agrupaciones de mineros informales e incluso ilegales.

La propuesta de Juárez incluye mecanismos de restricción que impedirían el reingreso de operadores con condenas firmes por minería ilegal, trata de personas o actividades en zonas prohibidas. No obstante, especialistas advierten que estas limitaciones resultan insuficientes frente al historial de uso indebido del Reinfo, que durante años ha servido como paraguas para redes criminales dedicadas a la explotación aurífera ilegal, el lavado de activos y el acaparamiento de territorios.

Desde el sector empresarial, la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Julia Torreblanca, calificó la decisión como un “retroceso” que “fomenta la ilegalidad” y debilita los esfuerzos destinados a ordenar la actividad minera. Gremios ambientales también alertaron que la ampliación del Reinfo podría intensificar la deforestación, la contaminación con mercurio y los conflictos sociales en regiones donde la minería informal ya opera sin control.

Aun con esas críticas, la mayoría de la comisión insistió en que la prórroga es necesaria para avanzar en la formalización. Sin embargo, sectores técnicos resaltan que, sin una reforma integral del sistema, la medida solo prolongará un problema que se ha agravado durante años y que hoy representa uno de los principales desafíos para la gobernabilidad, el medio ambiente y la seguridad en el país.