La Junta Nacional de Justicia recurrió al Tribunal Constitucional para intentar frenar la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación, luego de que el juez Juan Torres Tasso otorgara una medida cautelar que ordena restituirla en el cargo en un plazo de dos días.

La demanda competencial fue presentada por el presidente de la JNJ, Gino Ríos Patio —sentenciado por violencia familiar—, quien sostiene que el Poder Judicial ha menoscabado las atribuciones del organismo al admitir dos acciones de amparo vinculadas al caso Espinoza y al proceso de elección de los consejeros.

Según el documento de 33 páginas, al que tuvo acceso la prensa, la JNJ afirma que la resolución que ordena la reposición de Espinoza no les fue notificada formalmente y que solo tuvieron conocimiento de ella a través de los medios de comunicación. Además, cuestionan que el juez haya suspendido el proceso disciplinario completo de la fiscal, cuando, a su juicio, la medida cautelar solo aplicaría a dos de los cuatro cargos imputados. Para la Junta, esta decisión constituye una extralimitación judicial y una ruptura del principio de congruencia procesal.

El organismo sostiene que el mandato del juez Torres Tasso genera un grave perjuicio a su autonomía, pues pone en riesgo su decisión de suspender a Espinoza por seis meses. Por ello, solicitan al Tribunal Constitucional que declare fundada la demanda competencial, anule la medida cautelar y ordene al magistrado abstenerse de emitir resoluciones similares en el futuro. La controversia se agrava por los antecedentes públicos del propio Ríos Patio, lo que ha incrementado el debate político en torno al manejo interno de la JNJ.

La demanda también busca bloquear el avance del amparo presentado por el Instituto de Defensa Legal, que pretende anular la elección de los actuales miembros de la Junta debido a las deficiencias detectadas por la misión internacional de expertos en el concurso organizado por la Comisión Especial. La JNJ advierte que una eventual medida cautelar contra este proceso podría paralizar la selección y ratificación de magistrados, así como los expedientes disciplinarios en curso, generando —según afirman— un grave impacto en el funcionamiento del sistema de justicia.

Finalmente, la institución pide al Tribunal Constitucional que establezca límites claros al Poder Judicial en la tramitación de demandas en su contra, señalando que estas no pueden derivar en la destitución implícita de sus miembros ni en una suspensión indefinida de sus funciones. La JNJ remarca que, de acuerdo con el marco constitucional, solo la propia Junta puede declarar la vacancia de un consejero y únicamente el Congreso puede removerlos por causa grave, por lo que cualquier interferencia judicial constituiría una vulneración al equilibrio institucional.