El Ministerio del Interior dispuso un drástico cambio en la operatividad policial en Lima Metropolitana: desde ahora, el 50% de los agentes trabajará de civil para combatir la creciente violencia contra empresas de transporte público, cuyos choferes y locales se han convertido en blanco frecuente de sicarios y extorsionadores.

La medida fue anunciada por el titular del sector, Vicente Tiburcio, en plena vigencia del estado de emergencia que rige en la capital y el Callao debido al avance de organizaciones criminales.

Tiburcio explicó que la nueva estrategia divide el despliegue policial en dos frentes: la mitad de efectivos seguirá uniformada en labores de vigilancia preventiva en rutas críticas, mientras que el otro 50% se moverá infiltrado en distintos puntos de la ciudad. Según indicó, el propósito es reforzar la inteligencia operativa y responder con mayor velocidad a ataques como el sufrido por un conductor de la empresa San Germán en San Juan de Lurigancho, baleado recientemente por un sicario.

Durante su visita a la sede de dicha empresa de transporte, el ministro sostuvo que la presencia oculta de policías permitirá identificar mejor a las mafias dedicadas a la extorsión y anticiparse a sus incursiones. La reunión con los dirigentes buscó enviar un mensaje de respaldo a un sector particularmente golpeado, donde las amenazas y atentados se han vuelto un mecanismo recurrente para el cobro ilegal de cupos.

El Mininter afirmó que esta intervención intensiva se complementará con rutas de patrullaje específicas, cruzando información de inteligencia para detectar patrones de ataque y los desplazamientos de bandas delictivas. La decisión, asegura la autoridad, responde al incremento de ataques directos contra choferes y unidades en zonas como SJL, El Agustino, Comas y Carabayllo.

La expectativa del Ejecutivo es que esta combinación de presencia visible e infiltración reduzca la capacidad de maniobra de las redes de sicariato y extorsión que operan en la ciudad. Mientras tanto, los gremios de transporte exigen que estas medidas se traduzcan en una reducción efectiva del riesgo para trabajadores y usuarios, que hoy circulan bajo un clima de creciente inseguridad.