Por Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional

Publicado en La Noticia

Nuestro ordenamiento señala que el Ministerio Publico es un órgano constitucionalmente autónomo y jerarquizado que actúa como representante legal de la sociedad, en el ámbito de la administración de justicia.

Ahora bien , más allá de dicho encuadramiento jurídico, existe un acendrada duda acerca de su autonomía funcional, dado los claros signos de injerencia externas en su seno, que incluso ha derivado en a “acoger” miembros de cierto organismo no gubernamental en el centro mismo de su actividad fiscal, a efectos que puedan conocer y quizás fiscalizar el recto cumplimiento de su encargos políticos; así como recibir sutiles sugerencias acerca de del archivamiento de ciertas carpetas fiscales de amigos muy querido o promover ciertos nombramientos en funciones ad intra, con fines vinculados con la criminalización de la política.

En ese contexto, ha quedado entre paréntesis lo dispuesto en el artículo 5 de su Ley Orgánica, en donde se dispone que “Los fiscales actúan independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, las que desempeñarán según su propio criterio y en forma que consideren más arreglada a los fines de su institución”.

Asimismo, al parecer se ha mellado los alcances de una pauta basilar institucional que indica que el Ministerio Publico actúa tutelarmente en resguardo de la ciudadanía; y que en consecuencia, brega porque el interés público no sea menoscabado por la arbitrariedad, la ineficiencia, la ineficacia y hasta la corrupción.

Dichas características son imprescindibles de preservar, desde la moral y el derecho; a fin de que la prevención, investigación y persecución del delito sea técnica, objetiva verificable en la realidad.

En ese descuidado quehacer, algunos miembros del supuesto representante de la ciudadanía en el ámbito de la administración de justicia, no solo han abandonado sus responsabilidades; sino al parecer ya juega para el bando enemigo.

La Constitución dispone que asuma la defensa de la legalidad en pro de la plena vigencia de la Constitución y las leyes. Lamentablemente, el imperativo institucional en pro que se preserve el respeto a lo prescrito en el ordenamiento jurídico como de obligatorio cumplimiento es recurrentemente vulnerado. Es síntoma de descomposición, que la Fiscal de la Nación incite a sus “huestes” a desconocer la ley con descaro y a rostro descubierto.

En teoría le corresponde también, velar por la independencia de los órganos judiciales y por la recta administración de justicia. Curiosamente de su seno emergieron, al amparo de cierta prensa dos operadores políticos, encubiertos bajo la encubierta condición de Fiscales: Eran supuestamente los émulos criollos de Batman y Robin. Su empeñosa labor al servicio de fines ajenos al derecho, se visto desnudada por la realidad presente. Hoy son conocidos en el argot judicial, como Manolo y Machucao.

La otrora institución creada en la Constitución de 1979, para coadyuvar a mejorar la administración de justicia, muestra hoy su rostro más descarnado no solo de inoperancia, sino de extravío.

Urge a que se geste una reforma de su estructura, organización y funcionamiento; y se desprenda de quienes no pueden o no quieren cumplir con las tareas que les encomienda la Constitución. En su seno hay mucha gente útil, laboriosa y correcta. Sepamos separar el grano del trigo.

Una institución cuyos primeros cimientos colocó un jurista de nota como Gonzalo Ortiz de Zevallos, navega sin rumbo y con parte de una tripulación que no distingue la proa de la popa, ni si ha zarpado o está en medio del mar. Una pena que nuestro país tenga algunos unos defensores de la ciudadanía, ese jaez y esa laya.