Por Augusto Cáceres Viñas

“El mismo entorno, los mismos ministros, los mismos silencios frente a la corrupción y el mismo proyecto político que llevó al Perú al caos.”

Esta elección es, en realidad, entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo.

Porque Roberto Sánchez no representa un proyecto nuevo, distinto o renovado. Representa la continuidad política directa del castillismo. Fue ministro de Pedro Castillo durante prácticamente todo su gobierno y hoy incluso ha asumido la misma estética y narrativa, con sombrero incluido, intentando reconstruir el mismo bloque político que llevó al Perú al caos.

Y no llega solo. Lo acompaña buena parte del entorno político, técnico y parlamentario del gobierno más desastroso de las últimas décadas:

• Walter Ayala, exministro de Defensa de Castillo, investigado por el escándalo de ascensos militares y presuntas coimas.
• Iber Maraví, exministro de Trabajo, vinculado reiteradamente al entorno del Movadef.
• Pedro Francke, exministro de Economía de Castillo.
• Gustavo Guerra García, exviceministro de ese mismo gobierno.
• Anahí Durand, exministra de la Mujer y hoy vocera de Juntos por el Perú.
• Hernando Cevallos, exministro de Salud de Castillo y actual técnico del partido.
• Rosendo Serna, exministro de Educación.
• Andrés Alencastre, exministro de Desarrollo Agrario.
• Silvana Robles, exministra y hoy candidata al Senado.
• José Mercedes Castillo Terrones e Inés Castillo Terrones, familiares directos de Pedro Castillo en listas parlamentarias.
• Congresistas reeleccionistas vinculados al castillismo y Perú Libre como Víctor Cutipa, Pasión Dávila, Margot Palacios, Jaime Quito y Elías Varas.
• Y hasta Ernesto Zunini, hoy convertido en uno de los más agresivos críticos del fujimorismo, fue funcionario de Roberto Sánchez en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y posteriormente trabajador de su despacho en el Congreso.

Pero además, no debemos olvidar algo fundamental: el gobierno de Pedro Castillo no solo fue sinónimo de improvisación e incapacidad. Fue también un gobierno atravesado de principio a fin por gigantescos escándalos de corrupción.

Un gobierno que empezó con las reuniones clandestinas de Sarratea, siguió con licitaciones cuestionadas, ascensos militares bajo sospecha, familiares prófugos, ministros investigados, organizaciones criminales enquistadas en el poder y terminó con las declaraciones sobre millones de soles entregados en maletas a Castillo por Salatiel Marrufo.

Todo ello mientras el país observaba una sucesión interminable de escándalos que hoy han derivado en decenas de investigaciones y más de 50 carpetas fiscales vinculadas al entorno presidencial y gubernamental.

Y frente a todo eso, Roberto Sánchez nunca dijo nada.

Nunca deslindó.
Nunca denunció.
Nunca renunció por principios.
Nunca enfrentó la corrupción del régimen del que formó parte.

Exactamente lo mismo ocurrió con muchos de los exministros y funcionarios que hoy lo acompañan nuevamente. Guardaron silencio mientras el país veía desfilar escándalo tras escándalo.

Esto no es una nueva alternativa política. Es la reconstrucción del mismo bloque que llevó al Perú al caos institucional, al desgobierno, al conflicto permanente, al deterioro económico, a la degradación moral del Estado y al ridículo internacional.

Y eso resulta todavía más grave porque el gobierno de Castillo hoy es considerado un fracaso prácticamente unánime. Lo reconocen incluso muchos de quienes votaron por él. Tirios y troyanos coinciden en que fue un desastre en gestión pública, corrupción, improvisación y destrucción de la confianza en el Estado.

Por eso, votar por Roberto Sánchez equivale, en los hechos, a votar por la reelección política de Pedro Castillo.

Con un agravante adicional: el propio Roberto Sánchez enfrenta serias denuncias e investigaciones fiscales por presuntos delitos como falsedad ideológica, fraude, peculado, tráfico de influencias y delitos contra la administración pública.

Entre ellas:

• El caso por aportes partidarios y presunta falsedad ante la ONPE, donde la Fiscalía solicita más de 5 años de prisión e inhabilitación.
• Investigaciones por presuntos “mochasueldos” y contrataciones irregulares en el Mincetur.
• Denuncias por presunto uso indebido de fondos públicos.
• Investigaciones por presunta falsificación de documentos partidarios.

Entonces la pregunta es inevitable:
Si el Perú ya sufrió el desastre de Castillo y terminó rechazándolo masivamente, ¿cómo no entender que esta candidatura representa exactamente la continuidad política de ese mismo fracaso?