Por Luis García Miró Elguera, publicado en Expreso

El canciller Carlos Espá exige que la ley de fiscalización de las ONG “se cumpla al pie de la letra”, revelando una verdad incómoda: ¡en el Perú existen cotos privados que se colocan por encima del Estado, la Constitución y los poderes públicos! Que el jefe de la diplomacia tenga que recordar públicamente que una norma aprobada por el Congreso debe cumplirse evidencia la magnitud del desafío institucional que representan determinadas organizaciones no gubernamentales que, durante décadas, continúan operando sin control, sin transparencia y sin rendición de cuentas.

El canciller Espá acudió al Parlamento para sustentar el presupuesto de su sector, pero acabó encarando un problema mayor: legisladores que, con razón, piden explicaciones sobre ONG que se resisten a ser fiscalizadas por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). El propio ministro reveló la existencia de expedientes judicializados porque hay oenegés que han llevado al Poder Judicial su negativa a ser supervisadas, sin conocerse la cifra exacta de cuántos casos están escondidos en los tribunales. El dato es revelador: la fiscalización no avanza porque quienes deben ser fiscalizados han logrado convertir al sistema de justicia en su escudo favorito.

Aquí estriba el núcleo del problema. La separación de poderes no significa que cada poder del Estado actúe como espectador de los demás. Significa que cada uno cumpla sus obligaciones constitucionales sin interferencias innecesarias. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial tienen el imperativo de hacer cumplir la ley. Si una norma vigente —como la ley de fiscalización de las ONG— es desacatada por organizaciones privadas que manejan billones de dólares provenientes de opacas y millonarias fuentes extranjeras, el Estado no solo puede, sino que debe actuar con firmeza.

Resulta jurídicamente intolerable que algún conglomerado de ONG politizadas —financiadas por grandes fundaciones internacionales y por redes opacas de cooperación— pretenda operar acá sin control alguno. Las sospechas de desvío de fondos hacia actividades políticas, campañas de presión e, inclusive, episodios de violencia con resultados de fallecidos en el país no pueden permanecer en el limbo judicial por más tiempo. La opacidad no es un derecho; es una amenaza.

El caso de ONG que se niegan a declarar ante el fisco los montos que reciben desde el extranjero constituye una afrenta constitucional. Ninguna entidad privada puede decidir unilateralmente qué normas acata y cuáles no. ¡Menos cuando administra recursos que ingresan al país sin control, que pueden afectar la seguridad interna, la estabilidad democrática y la integridad institucional!

Tiene razón el canciller Espá al exigir el estricto cumplimiento de la ley. Pero aquello no basta. Es indispensable que el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial actúen de forma coordinada para acabar con esta situación. Si los tribunales siguen dilatando procesos o permitiendo que las ONG se parapeten en interpretaciones artificiosas, habrá que recurrir al Tribunal Constitucional para restablecer la supremacía de la ley.

El Perú jamás debe tolerar que enclaves privados desafíen su autoridad. La fiscalización no es opcional. Es un mandato constitucional que debe acatarse sin excepciones, privilegios ni miedos.