Por Alfonso Bustamante Canny, publicado en Perú21

Se rumorea que el Ministerio de Economía y Finanzas pretende eliminar las exoneraciones tributarias al agro.  Es decir que la tasa de impuesto a la renta subiría de 15% a 29.5%.  Se dice que el ministro propondría eliminar la Ley 32434 que entró en vigencia este año y vence en 2035. Sin embargo, se mantiene el Bono BETA que es una remuneración adicional al trabajador agrario 30% más alta que la del régimen general, sobrecosto que afecta la productividad laboral y resta competitividad al sector.

Es extraño que sea este gobierno quien plantee la derogación de una ley que ellos mismos promovieron cuando fueron oposición.  Es más extraño que el propio gobierno lo proponga en medio de la crisis del fenómeno de El Niño, que afectará severamente las campañas agrícolas del 26 y del 27.  El momento no puede ser peor.

Esta anunciada medida viene además precedida por el anuncio presidencial de un incremento de la Remuneración Mínima Legal, con lo cual se incrementa también el bono BETA, ampliando la brecha de competitividad laboral. Así, el riesgo regulatorio se suma al ya materializado riesgo climático.

Cada cierto tiempo, comunicadores, economistas o políticos social confusos atacan el régimen agrícola, pero evitan mencionar la contrapartida del bono BETA. El bono BETA es el elefante en el clóset.  Todos saben que está ahí, saben que es muy grande, pero prefieren no verlo ni plantear soluciones.

Bajo el régimen actual, el agro formal pagará en 2027 una tasa del 15% de impuesto a la renta más el 10% de participación laboral de utilidades, más el 5% de impuesto a los dividendos, y el bono BETA al ser un derecho laboral consolidado, no puede ser retirado.  Este aparece desagregado y debidamente identificado en las boletas de pago de los trabajadores.

Ante la inminencia de la norma y las consecuencias para el sector, me atrevo a elaborar una propuesta que atiende a la tan mentada necesidad de equiparar los regímenes sectoriales: incrementar la tasa de impuesto a la renta al 29.5%, y crear los Certificados BETA, para que puedan usarse como un crédito fiscal.  Es decir, utilizar los Certificados BETA para pagar tributos, acreencias al Estado. Estos deberán ser transables, para que las empresas que no tengan utilidades puedan vender sus certificados.  De esta forma, se equipara tanto el régimen tributario como el laboral del agro con el régimen general.