Por Tino Santander Joo, publicado en LIMAGRIS

El neoindigenismo boliviano ha sido derrotado abrumadoramente por las derechas, que se han convertido en una alternativa frente a las ficciones ideológicas de las izquierdas, responsables de llevar a su pueblo a la miseria y el hambre siguiendo el camino de Venezuela. La combinación fantasiosa de indigenismo y marxismo pequeño-burgués ha fracasado. Está demostrado que el estatismo conduce al déficit fiscal, a la inflación, a la corrupción política y, en nombre de la justicia social, aplasta lentamente las libertades de todo orden.

El socialismo no es un asunto de magia, ni de hechizos ideológicos, ni de razonamientos utópicos. El socialismo es producto del desarrollo omnilateral del capitalismo. Marx, en el Programa de Gotha (1875), señala que el capitalismo se caracteriza por la máxima: “A cada quien según su trabajo”, mientras que en la sociedad comunista futura regirá: “A cada quien según su capacidad y necesidades”. Sin embargo, se equivocó al afirmar que la fase de transición —a la que llamó socialismo— generaría el desarrollo de las fuerzas productivas. Sucedió lo contrario: la colectivización de los medios de producción, el estatismo y el autoritarismo político terminaron estancándolas, limitando la libertad individual, que es la base tanto de la creación como de la distribución de la riqueza.

No se trata de eliminar el mercado, sino de ponerlo al servicio del país, como lo hace el Partido Comunista Chino, siguiendo la tradición de los socialdemócratas europeos: el mercado es una herramienta, no un fin. Es decir, un instrumento que debe servir al interés nacional, garantizando desarrollo en infraestructura social y productiva. En este sentido, el Estado debe ser promotor de la riqueza en beneficio de sus ciudadanos.

En el Perú, las derechas han capturado al Estado y lo han puesto al servicio de los bancos, creando una república oligopólica aliada al crimen organizado. Cuatro bancos controlan la economía nacional en nombre de la “libertad de mercado”. No existe organismo regulador autónomo que enfrente la voracidad de este oligopolio. Ni el parlamento, ni los gobiernos, ni mucho menos los partidos políticos se atreven a enfrentar a este inmenso poder que ha esclavizado al país.

El fracaso de la izquierda boliviana no significa que el rumbo neoliberal sea el correcto, ni que las derechas peruanas deban envalentonarse con los nuevos vientos políticos que recorren Sudamérica. Milei está intentando reconstruir la economía argentina, aunque le espera un largo y duro camino. En Chile sucede lo contrario: el gobierno de Boric ha sido inofensivo para los intereses de la derecha, que aún reclama el espíritu de Pinochet. En Bolivia, la derecha también enfrentará un camino difícil para insertarse en la economía mundial. Esa experiencia ya la vivimos en el Perú con el programa del Consenso de Washington aplicado por la dictadura fujimorista, que nos llevó a la actual república oligopólica.

La derecha peruana carece de rumbo: baila al son de los bancos y de los grupos económicos, tanto formales como informales. El crimen organizado controla el Estado y prepara un fraude electoral con sus cuarenta y tres partidos, que no representan ni al 10 % de los ciudadanos. La alternativa socialdemócrata o liberal no existe. La tribalización y la informalidad de la sociedad peruana impiden la construcción de una tendencia política seria; ni las coaliciones ni los pactos son percibidos como proyectos verosímiles.

El Perú necesita una revolución social, entendida como la toma de conciencia de la inmensa mayoría sobre la gravedad de nuestros problemas y la necesidad de derrocar a los corruptos de siempre. ¿Cómo hacerlo? Primero, cerrando el Congreso y destituyendo al gobierno para que una junta transitoria asuma el poder por un año y convoque elecciones en nuevas condiciones. Nadie cree en este proceso electoral. Las encuestas de los medios tradicionales lo confirman. Entonces, queridos lectores, ustedes deciden: ¿nos quedamos con los corruptos de siempre o cambiamos el país?