Por Rafael Torres Morales

El reciente pronunciamiento suscrito por un grupo de ex ministros de Comercio Exterior y Turismo plantea una preocupación totalmente legítima: la necesidad de que las relaciones económicas internacionales del Perú se desarrollen con transparencia, integridad y protección del interés nacional. Sin embargo, desde una perspectiva jurídica, técnica y estratégica, resulta necesario distinguir entre la prudencia institucional y la postergación indefinida de decisiones que el país viene manteniendo pendientes desde hace casi una década.

La posición institucional de la Cámara de Comercio Brasil–Perú (CAMBRAPER) ha sido clara al respecto: nadie discute la importancia de combatir la corrupción ni de fortalecer los mecanismos de control estatal.

Lo que se cuestiona es que dichos objetivos sean utilizados como justificación para mantener paralizado, durante casi diez años, un acuerdo internacional sin que hasta la fecha se haya identificado de manera objetiva qué disposición específica del Acuerdo de Profundización Económica Perú–Brasil genera el supuesto riesgo que impediría su ratificación.

El comunicado de los ex ministros invoca los antecedentes de Lava Jato y posibles riesgos jurídicos, arbitrales y reputacionales. Sin embargo, no precisa qué cláusula concreta del acuerdo resulta insuficiente ni qué vacío normativo dejaría desprotegido al Estado peruano. Por el contrario, el propio acuerdo ya incorpora expresamente disposiciones relacionadas con integridad, exclusión de inversiones ilícitas, restricciones derivadas de infracciones penales y mecanismos de control sobre proveedores involucrados en actos fraudulentos.

Tampoco resulta jurídicamente sostenible sostener que la ratificación podría afectar controversias arbitrales actualmente en trámite. Los tratados internacionales no poseen efectos retroactivos y, por tanto, un acuerdo que aún no ha entrado en vigor no puede alterar situaciones jurídicas preexistentes ni procesos ya iniciados.

Otro aspecto que merece reflexión es la contradicción existente entre el discurso oficial de integración física y logística con Brasil y la ausencia de avances en el principal instrumento jurídico destinado precisamente a profundizar dicha integración. Mientras el Perú impulsa corredores bioceánicos, conectividad multimodal e infraestructura orientada al comercio regional, mantiene congelado el acuerdo que permitiría desarrollar reglas modernas en materia de servicios, inversiones, cooperación económica y contratación pública.

La verdadera discusión ya no parece ser si Perú y Brasil deben profundizar su integración económica. La pregunta es cuánto tiempo más puede justificarse una paralización basada en riesgos genéricos que no han sido individualizados técnicamente. La integración moderna exige controles y transparencia, pero también predictibilidad, seguridad jurídica y capacidad de decisión.