Escrito por Juan Carlos Suttor en el blog Sin Pelos en la Lengua

No soy yo el que juzga, tan solo quisiera llamar la atención acerca del tipo de autoridades que elegimos los peruanos y que a su vez son responsables de nombrar a otras personas en nuestro aparato estatal, cada vez más pobre e ineficiente.

Para comenzar, hoy tenemos a cuatro presidentes presos en el penal de Barbadillo: Alejandro Toledo, Pedro, Castillo, Ollanta Humala y el lagarto Martín Vizcarra, por diferentes delitos, todos ellos elegidos en una plancha presidencial por el voto popular.

Por el lado del Poder Ejecutivo, tenemos que 11 de 19 ministros suman 40 investigaciones. Hace unos días la presidente Dina Boluarte designó como ministro de Justicia y Derechos Humanos a Juan José Santiváñez, un funcionario que no solo fue censurado por el Congreso cuando ejercía el cargo de ministro del Interior sino que además, enfrenta 12 investigaciones por presuntos delitos de corrupción, abuso de autoridad, lavado de activos, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, además de impedimento de salida del país. El gobierno, no me cabe duda, ha perdido completamente el rumbo ético e institucional.

Como mencioné al principio, no soy yo el que juzga. Es cierto que en este país a uno le ponen una denuncia por "quítame estas pajas" y que existe el principio de presunción de inocencia. ¿Si el señor Santiváñez hizo una buena gestión mientras estuvo en el ministerio del Interior? Es notorio que los sectores de derecha dicen que sí y apoyan su designación en Justicia y Derechos Humanos y que los sectores de izquierda, entre ellos los caviares, están crispados y ya están en la búsqueda de su censura.

Le pregunto, estimado lector, si usted estuviera en la necesidad de contratar a una persona, ¿se arriesgaría a emplear a un individuo con todo este legajo de investigaciones? Estoy seguro de cuál es su respuesta y esa, desgraciadamente, es la gran diferencia entre el sector público y el sector privado.

Si nos vamos al Poder Legislativo, la cosa no es mejor. Catorce de los 24 presidentes de comisiones ordinarias arrastran denuncias. El 26 de julio se eligió presidente de la Mesa Directiva para el último período al señor Juan José Jerí, en ese momento investigado por el presunto delito de violación sexual a una trabajadora.

En los días siguientes varios congresistas investigados asumieron las presidencias en comisiones clave y ahí tenemos a:

Elvis Vergara, presidiendo las comisiones de Fiscalización y de Ética, investigado por su presunta vinculación al caso “Los Niños”, que involucra a legisladores que habrían negociado votos a cambio de beneficios dentro del Ejecutivo durante el gobierno de Pedro Castillo.

Juan Carlos Mori, a cargo de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, también vinculado al caso “Los Niños”, ha sido señalado por presunto favorecimiento en obras de infraestructura en su región a cambio de apoyo político.

Magaly Ruiz, en la Comisión de Salud y Población, investigada por el caso “Mocha Sueldos”, que implica el cobro irregular de sueldos de trabajadores de su despacho parlamentario.

Alejandro Soto, en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Expresidente del Congreso, enfrenta una investigación por presunto fraude procesal y ha sido duramente criticado por su estilo de conducción en la Mesa Directiva.

María Acuña, a cargo de la Comisión de Vivienda y Construcción, investigada por presunta contratación irregular de personal allegado, direccionamiento de contratos públicos y recientemente denunciada por invasión de terrenos públicos en diferentes localidades.

El gran riesgo es que el control de estas comisiones podría condicionar el debate legislativo en temas de control, presupuesto, obras públicas y salud, especialmente en un contexto electoral rumbo al 2026. También podría ralentizar investigaciones en curso, desincentivar iniciativas anticorrupción o bloquear pedidos de información a entes estatales.

No quisiera llegar al nivel de gobiernos regionales, alcaldías provinciales o distritales porque, con excepciones, la cosa sin duda es mucho peor, al tener menor exposición o visibilidad.

Estimado lector, ¿Qué nos pasó? ¿En qué momento tiramos la toalla, nos ganó la apatía y nos acostumbramos a estos niveles de mediocridad? ¿Dónde quedó nuestro nivel de indignación que callamos y permitimos que toda esta gentuza nos gobierne y nos legisle?

Estamos a pocos meses de las elecciones. El 2026 es una oportunidad única para decidir el rumbo de nuestro país. Votemos con la cabeza y con inteligencia, pensando en el futuro de todos. No dejemos que la indiferencia nos venza. ¡Tu voto cuenta, y el Perú lo necesita!