Fuente: EL REPORTE
"No estamos hablando de ese tema”. Con estas palabras el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, trató de esquivar una pregunta sobre el caso Dina Boluarte. El funcionario había explicado que los postulantes a algún cargo público —sea en el Ejecutivo o en el Congreso por voto popular; o en el gabinete ministerial por decisión del presidente— deben renunciar a cualquier función previa antes de ser elegidos. Cuando le consultaron por las denuncias constitucionales contra la vicepresidente de la República, que tienen entre sus fundamentos una transgresión similar, cortó atropelladamente la interrogante. Luego, lejos de corresponder a su propia declaración sobre dimitir a un trabajo antes de integrarse al aparato público, señaló que no le consta que la también inamovible titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) haya cometido algún “incumplimiento”.
A puertas de una tercera moción de vacancia contra el mandatario, el Congreso debe tomar en cuenta que el gobierno caería en manos de otra investigada: Dina Boluarte. La vicepresidente fue denunciada constitucionalmente el 24 de mayo por el congresista de Renovación Popular, Javier Padilla. El legislador aseguró que la integrante de la alta esfera gubernamental infringió el artículo 126 de la Constitución que, como señala el documento que presentó, "impide a los ministros de Estado ser gestores de intereses propio o de terceros, ejercer actividad lucrativa o intervenir en la dirección o gestión de empresas o asociaciones privadas". Esto lo hizo tras descubrirse que la titular del Midis había "efectuado actos de gestión como presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Club Departamental Apurímac, al haber suscrito diversos documentos de carácter público".
El mismo 24 de mayo, la parlamentaria de Avanza País, Norma Yarrow, presenta otra denuncia constitucional contra Boluarte. Además de señalarla por la misma infracción —firmar documentos del club sabiendo que no podía—, incluyó las presuntas violaciones de la funcionaria a los artículos 2 y 38 de la Constitución. El primero, respectivamente, es porque no habría consignado en su declaración jurada de intereses “el nombre del cónyuge de su hermana René Boluarte Zegarra, el señor Alfredo Florentino Pezo Paredes”. Asimismo, se precisa que “omitió consignar a su cuñado Alfredo Florentino Pezo Paredes en su Declaración Jurada de Intereses, incumplió lo dispuesto en el artículo 377 pues no entregó la información completa en su declaración omitiendo el nombre referido permitiendo que este último pueda contratar libremente con el Estado pese a estar prohibido”. Respecto al segundo artículo supuestamente infringido, el 38, es porque no había informado que también se desempeñaba en cargos directivos en la Asociación Privada Club Departamental Apurímac y en la Asociación de Clubes Departamentales del Perú.
El 14 de junio, con nueve votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedentes las denuncias constitucionales 268 y 269 de los congresistas Javier Padilla y Norma Yarrow, respectivamente. Luego, el 1 de julio, con 22 votos a favor y 7 en contra, la Comisión Permanente le dio 15 días hábiles a la subcomisión para que presentara el informe final. Ese mismo día, la vicepresidente solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que aplicara medidas para suspender la investigación en su contra.
Hasta entonces, la presidenta de la subcomisión era la congresista de Alianza para el Progreso, Rosío Torres, quien el 20 de julio, tras votación unánime, delegó el caso contra la ministra al parlamentario de Cambio Democrático Edgar Reymundo, alguien muy cercano a Pedro Castillo. Yarrow intentó el 1 de agosto removerlo por el peligro que representaba este lazo con el oficialismo, pero no se alcanzaron los 10 votos requeridos. Desde entonces, el proceso no ha avanzado, se estancó.
Ayer, miércoles 14 de septiembre, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones fue consultado sobre los postulantes a un cargo público que no renunciaron al trabajo previo que cumplían. “Todos los funcionarios públicos tienen dos deberes. Primero todos los que son candidatos tenían que haber planteado la suspensión de su función, tenían que haber planteado ya desde julio la suspensión a partir de septiembre. Ese es un deber que algunos no han cumplido y como no han cumplido se les ha separado”, dijo. “Y, en segundo lugar, me refiero esa es una obligación básicamente dirigida a los altos funcionarios, aunque no solo a ellos”, agregó. Sin embargo, después cuando le dijeron que su explicación hacía referencia al caso de la vicepresidente, respondió: “No sé qué sucedió con la señora Boluarte, pero hasta donde yo sé no hay ningún incumplimiento que le sea atribuido”. Por su rol no tiene mayor injerencia, pero sus palabras podrían dar un nuevo impulso al trabajo realizado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La pelota está en la cancha del Congreso.
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