Fuente: EL REPORTE

El futuro inmediato de Susana Villarán sería su retorno a la reclusión. El Equipo Lava Jato, de la Fiscalía, solicitó al Poder Judicial que dicten 29 años de prisión contra la política que entró a la palestra como una referente de la modernización de la izquierda peruana. A la que fue alcaldesa de Lima, con la organización política Fuerza Social, la vienen escrutando por su vinculación con el caso Odebrecht y OAS. Se le acusa de haber recibido aportes ilegales de ambas constructoras por un monto de 10 millones de dólares. Los cargos que se le imputan son los de asociación ilícita, lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo. La solicitud de encierro penitenciario, realizada por el fiscal José Domingo Pérez, también alcanza a José Miguel Castro (25 años); Gabriel Prado (15 años), Marco Zevallos (18 años) y a otros 16 acusados.

Susana Villarán tocó techo en enero del 2011 cuando asumió la alcaldía de Lima. Le había ganado la carrera al sillón municipal a Lourdes Flores. Tras casi dos años desapercibidos, el 9 de enero de 2013 volvió a ganar terreno en la parrilla periodística cuando la comuna y la empresa Rutas de Lima suscribieron el contrato de concesión del proyecto Vías Nuevas de Lima. Luego, el 13 de febrero firmó una adenda que favorecía a la empresa OAS. A esta le entregaba el proyecto Línea Amarilla y le daba licencia para ampliar la concesión de peajes de 30 a 40 años.

En medio de este panorama, ya estaba en pie una revocatoria contra la burgomaestre. La consulta popular había sido exigida por Marco Tulio Gutiérrez, dueño del Instituto Peruano de Administración Municipal. Esto se venía arrastrando desde el 2012 y finalmente se materializó el 17 de marzo del 2013. El resultado fue que el 51% de limeños pidió que Villarán se quede. Meses después, el 6 de junio del 2014, aprovechando esta respuesta ciudadana, la alcaldesa reveló que iba a reelegirse, lo cual no sucedió.

Ya fuera del despacho municipal, el 14 de abril del 2017 la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato, que ya tenía en la mira a varios funcionarios, informó que había acogido el pedido de investigación contra Villarán por el caso OAS. El primero en hablar fue Valdemir Garreta, pero recién en noviembre de 2017. Dijo que la campaña para evitar la revocatoria de la entonces alcaldesa tuvo aportes de 3 millones de dólares de Odebrecht y OAS por concepto de publicidad y asesorías. Con eso se abrió investigación preliminar a Villarán. Fue el 24 de noviembre. Luego, el 27, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción le dictó 8 meses de impedimento de salida. Y el golpe de gracia llegó el 22 de febrero de 2018. El mismo Jorge Barata dijo ante el fiscal José Domingo Pérez que sí financió la campaña de la ex burgomaestre contra la revocatoria.

La secuencia se dio de la siguiente manera. Allanaron la vivienda de Villarán el 5 de abril; formalizaron la investigación preparatoria el 19 de julio; el publicista Luis Favre confiesa que también fue contratado en la no-revocatoria por pedido de Valdemir Garreta; dictan comparecencia restringida y amplían impedimento de salida de 8 a 12 meses de exfuncionaria. Y para cerrar el año, ordenaron la retención de sus propiedades.

Con varios elementos de convicción bien sustentados, el 14 de mayo de 2019 le dan 18 meses de prisión preventiva. Y luego lo ampliaron a 24. Recién el 30 de abril del 2020, en el marco de la COVID-19, la Sala Penal Anticorrupción la liberó y la sometió a un arresto domiciliario.

Ahora, dos años y algo más después enfrenta un nuevo encierro. Con el material probatorio que tiene la Fiscalía, han solicitado que vuelva a la cárcel, pero esta vez para una pena privativa de la libertad por 29 años.

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