El Congreso aprobó una nueva Ley Agraria que apunta a transformar el sector hacia una agricultura moderna, competitiva y sostenible. La norma establece una reducción del Impuesto a la Renta para empresas agrarias, que solo pagarán el 15% entre 2025 y 2035, mientras que los pequeños productores con ingresos menores a 30 UIT quedarán exonerados. Aquellos con ingresos entre 30 y 150 UIT tributarán un 1.5% sobre el excedente, lo que busca aliviar la carga tributaria en las zonas rurales.

La ley también contempla incentivos tributarios y financieros para fomentar la inversión en infraestructura y tecnología, con mecanismos como la depreciación acelerada y créditos fiscales. Además, se promueve la formalización de productores mediante la titulación de tierras, el acceso a capacitación técnica y el impulso a la asociatividad, fortaleciendo la seguridad jurídica en el sector.

Uno de los aspectos más comentados es que la norma no modifica el régimen laboral vigente, por lo que los derechos laborales de los trabajadores del agro se mantienen intactos. Este punto ha sido resaltado por los defensores de la ley como un avance hacia la estabilidad del sector, aunque algunos críticos señalan que pudo ser una oportunidad para revisar las condiciones laborales en la agricultura.

Entre los beneficios esperados figura un incremento en la inversión nacional y extranjera, con el objetivo de dinamizar las economías rurales. Asimismo, la reducción de costos de producción permitiría aumentar la competitividad del agro peruano, impulsando la agroexportación y la llegada a nuevos mercados internacionales.

Los defensores de la norma sostienen que su alcance es inclusivo, pues beneficia tanto a las grandes agroindustrias como a los agricultores familiares. Con estas medidas, se espera que el agro tradicional y la agroindustria encuentren un camino de expansión conjunta, aunque el desafío de implementar de manera equitativa estas disposiciones seguirá siendo materia de debate en los próximos años.