Las recientes declaraciones de Donald Trump respecto a la reducción de las tasas de interés en tarjetas de crédito en Estados Unidos generaron reacciones en el ámbito político peruano. Según subrayó el excongresista Víctor Andrés García Belaunde, el expresidente estadounidense anunció que las entidades financieras no podrán cobrar intereses superiores al 10 % a partir del 20 de enero, luego de señalar que actualmente fluctúan entre 20 % y 30 %.

El comentario rápidamente fue comparado con la situación en Perú, donde las tasas pueden superar ampliamente ese rango.

En el caso peruano, García Belaunde recordó que las tasas de interés en tarjetas de crédito pueden alcanzar niveles que bordean el 115 %, cifra que ha sido cuestionada en reiteradas oportunidades por especialistas y usuarios del sistema financiero. Este contraste abrió nuevamente la discusión sobre la capacidad del Estado peruano para intervenir en la regulación de costos financieros, especialmente en un contexto de presión económica sobre los hogares.

La interrogante planteada por el exparlamentario apunta directamente al rol del Gobierno, el Congreso de la República y el Banco Central de Reserva (BCR), instituciones que históricamente han evitado imponer topes estrictos bajo el argumento de preservar la estabilidad y competencia en el sistema financiero. Sin embargo, sectores críticos sostienen que la ausencia de límites fomenta abusos y dificulta el acceso justo al crédito.

Mientras se esperan eventuales pronunciamientos oficiales, el tema vuelve a la agenda pública y reactiva el debate sobre si el Perú debería evaluar medidas similares a las anunciadas en Estados Unidos o mantener el esquema vigente de libre mercado financiero. La discusión se centra en encontrar un equilibrio entre promover inclusión financiera y evitar tasas consideradas excesivas por diversos sectores de la ciudadanía.