Por Aaron Salomón, publicado en Expreso

 

En sendos comunicados, el Poder Judicial y el Ministerio Público han rechazado que los delincuentes de 16 y 17 años sean procesados penalmente como adultos. Víctor García Toma, ¿qué opina al respecto?

 

Es un tema polémico. El Estado tiene el deber y la obligación de brindar un amplio margen de tuitividad a los menores, sobre todo a aquellos que se encuentran en situación de abandono, como los que son reclutados por el crimen organizado. Sin embargo, esta protección se ha reducido en algunos países, como Estados Unidos. Pero nosotros tenemos el candado que da la Constitución y los tratados sobre el niño y el adolescente que hemos suscrito. Yo creo que habrá dos escenarios: 1) que se produzca la inaplicación de la ley o 2) que se solicite al Tribunal Constitucional un pronunciamiento sobre la materia. En consecuencia, esta ley tendrá serios problemas mientras no se produzca la decisión del TC.

 

¿No existe la presunción de constitucionalidad?

 

Sí, pero también el juez puede aplicar el artículo 138 de la Constitución, que se refiere al control difuso.

 

Víctor García Toma, ¿qué le parece que el PJ invoque que los jueces inapliquen la ley a través del control difuso?

 

Ahí hay un error, porque cada juez es autónomo; en consecuencia, no se pueden dar este tipo de directivas verticales. Se ha aprovechado esta ley para generar un nuevo escenario de confrontación entre poderes. En todo caso, la norma puede ser buena o mala, constitucional o no, pero tiene un canal de dirimencia, que es el TC. Y el juez, en el ejercicio de su autonomía e independencia, tomará la decisión que estime conveniente. Pero ninguna institución puede orientar la actuación de sus jueces.

 

¿Usted cree que esta norma es inconstitucional, que viola tratados internacionales?

 

Lamentablemente, creo que sí. Cuando hemos suscrito estos tratados e incluso redactado la Constitución, lo hicimos bajo una concepción algo romántica de lo que eran los niños y adolescentes; sin embargo, eso ha cambiado, porque hoy los muchachos maduran más rápidamente y las organizaciones criminales y terroristas los capturan y los emplean como sicarios. Esa es una realidad que tenemos que afrontar y nos obliga a replantear la situación.

 

Porque sí existen sicarios y terroristas de 16 o 17 años.

 

Usted recordará al famoso ‘Gringasho’, que es un ejemplo cabal de cómo un adolescente puede ser un asesino serial. En los últimos años, hay más de un ‘Gringasho’.

 

¿Qué tendríamos que hacer para procesar a los sicarios menores de edad como adultos, entonces? ¿Se tiene que cambiar la Constitución?

 

Habría que modificar la Constitución y también tendríamos que denunciar una parte de la Convención sobre los Derechos del Niño. Lamentablemente, nosotros nos hemos colocado estas marrocas de buena fe.

 

Pero la sociedad cambia y las leyes se tienen que amoldar.

 

Efectivamente, el mundo ha sufrido una transformación muy grande.

 

Recientemente, hemos visto la fuga de seis delincuentes adolescentes de ‘Maranguita’. ¿Por qué estaban recluidos ahí si eran mayores de edad?

 

Lo que pasa es que, cuando cometieron el acto antisocial, porque no se le califica como acto delictivo, eran menores de edad.

 

Ese es un problema.

 

Sí, pero, bajo este nuevo régimen, apenas el adolescente cumpla la mayoría de edad, debe completar la condena en un penal ordinario, separado del resto. Esa es una buena medida.

 

Al final, el TC tendrá que determinar si la ley es constitucional o no.

Sí, pero, más allá de la discusión, no se puede, desde el punto de vista institucional, orientar la decisión de los jueces, que en cada caso deben ejercer su acción de manera autónoma. No puede haber “ucases” o directivas institucionales.

 

¿Usted, personalmente, está a favor o en contra de procesar como adultos a los grandes delincuentes de 16 y 17 años?

 

De cara a la realidad de los jóvenes de hoy, estoy de acuerdo, pero habría que establecer un nuevo marco normativo.

 

Si el TC determina que la ley es constitucional, ¿los jueces pueden seguir inaplicándola?

 

No, si el TC se pronuncia en el sentido de que es constitucional, los jueces están obligados a seguir el precedente. Por eso es adecuado que se plantee la demanda de inconstitucionalidad y que el TC se pronuncie de manera inmediata.

 

La Fiscalía, en su comunicado, señala que se requieren medidas frontales contra la inseguridad ciudadana, las cuales no han sido adoptadas a la fecha, pese al clamor popular; es decir, se mete al plano político.

 

Sí, pero el Ministerio Público es el encargado de prevenir y perseguir el delito, junto a otras instituciones. En esta temática, una de las patas cojas es justamente el MP, así que hace mal en exigir conductas a las otras instituciones cuando gran parte de la culpa y responsabilidad recae sobre su falta de eficiencia, eficacia, la corrupción y también sus gorros ideológicos.