El sector Virgen del Buen Pastor, en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, amaneció sumido en la desolación luego del incendio que el sábado arrasó con más de un centenar de viviendas. Entre los escombros y el olor persistente a humo, los damnificados recorrían la zona intentando recuperar lo poco que las llamas no consumieron, mientras expresaban su temor de perder los terrenos que ocuparon durante décadas.

Fuentes oficiales confirmaron que el siniestro dejó más de 750 personas damnificadas y 16 heridos, de los cuales tres presentan quemaduras leves y 13 sufrieron asfixia por inhalación de humo. Aunque no se reportaron víctimas mortales, los vecinos aseguran haber vivido horas de pánico y desamparo. “No hay víctimas, eso es verdad, pero necesitamos toda la ayuda que se pueda para salir de esta situación. Nadie se merece esto”, declaró Irma Cáceres, vecina de la zona afectada.

La Municipalidad de Lima instaló 30 carpas en una losa deportiva y otras 22 en el estadio 28 de Mayo, donde se alberga temporalmente a las familias que perdieron sus hogares. Además, se distribuyeron raciones de alimentos y se anunció la llegada de más ayuda humanitaria en las próximas horas. Paralelamente, el municipio de San Juan de Miraflores y voluntarios locales realizaron labores de limpieza y entregaron ropa, víveres y útiles escolares.

Desde el Gobierno, diversos ministerios —entre ellos Salud, Vivienda, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Inclusión Social y Defensa—, junto a EsSalud y las Fuerzas Armadas, enviaron brigadas para brindar atención médica y logística. Sin embargo, los damnificados advirtieron que aún necesitan agua y baños químicos para enfrentar las difíciles condiciones en que se encuentran. “Lo que queremos es que el presidente Jerí nos ayude con agua, principalmente para los niños”, expresaron los afectados.

A pesar de las medidas de emergencia, muchos vecinos se resisten a dejar el lugar del siniestro por temor a ser desalojados de los terrenos donde vivieron por años. El teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, advirtió que alrededor de 150 personas permanecen en zonas de alto riesgo, pues parte del terreno pertenece al Ministerio de Educación. La tragedia ha dejado al descubierto la precariedad con que cientos de familias sobreviven en uno de los sectores más vulnerables del sur de Lima.