El exministro de Economía Pedro Francke y la expresidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez fueron quienes firmaron el decreto de urgencia que permitió que se destinaran 500 millones de soles a la mafia que manejaba las licitaciones en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Con este dinero fue con el que se habrían gestionado las falsas licitaciones de las obras en el distrito de Anguía y en Chachapoyas, que hoy constituyen un escándalo por la presunta participación del presidente Pedro Castillo y su entorno familiar.

Las irregularidades de estos proyectos son el fundamento para el actual proceso que se tiene contra Yenifer Paredes (cuñada de Castillo) y José Nenil Medina, para quienes la Fiscalía pide una prisión preventiva de 36 meses.

Según declaraciones del actual ministro de Transportes y Comunicaciones Geiner Alvarado ante las autoridades que lo investigan, los magistrados supremos deberían citar a los verdaderos encargados de esta norma que permitió los procesos irregulares de obras.