El líder de Renovación Popular y precandidato presidencial, Rafael López Aliaga, destacó una resolución emitida por la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York que autoriza al Estado peruano a acceder a registros financieros vinculados a la concesión Rutas de Lima, otorgando al país nuevas herramientas para rastrear el flujo de fondos relacionados con dicho proyecto.

Según señaló, esta decisión representa un avance significativo en la búsqueda de responsabilidades por presuntas irregularidades asociadas al caso.

López Aliaga afirmó que el Estado peruano presentará un reclamo por más de US$ 3,000 millones contra la empresa Brookfield, a la que acusó de actuar en complicidad con Odebrecht durante el proceso de adquisición de la concesión. Según aseguró en la red social X, la demanda busca una indemnización por daños y perjuicios causados a la población vulnerable y se enmarca en lo que denominó la defensa de la seguridad jurídica libre de corrupción.

El dirigente político sostuvo que la medida judicial permite acceder a información financiera alojada en Estados Unidos sobre el origen y los mecanismos de financiamiento de Rutas de Lima, lo que calificó como un hito en el rastreo de operaciones vinculadas a la concesión. Para la Municipalidad Metropolitana de Lima, este nivel de acceso constituye un precedente sin comparación en investigaciones similares.

El abogado Martín De Luca, representante legal de la comuna limeña, recordó que Brookfield adquirió la concesión por US$ 430 millones y posteriormente señaló que su valor ascendía a por lo menos US$ 2,700 millones, una operación que se produjo cuando Odebrecht negociaba un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia estadounidense. Añadió que el fallo permitirá reconstruir las advertencias internas, evaluaciones de riesgo y conocimientos que manejó Brookfield antes de concretar la compra.

Según la información difundida por la Municipalidad, el acceso aprobado abarca a entidades financieras como Brookfield Asset Management, Scotiabank, KPMG y diversos bancos internacionales, además de incluir registros del sistema interbancario estadounidense CHIPS y del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Con ello, las autoridades podrán rastrear con exactitud el flujo de fondos entre 2013 y 2016, etapa en la que coinciden tanto las operaciones estructuradas de Odebrecht como la adquisición de la participación mayoritaria en Rutas de Lima.